El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, planteó que la actual crisis económica representa una oportunidad para acelerar el desmonte de los subsidios generalizados y mejorar la focalización de las ayudas estatales en República Dominicana. Sin embargo, reconoció que uno de los principales desafíos para aplicar estos cambios es determinar cómo proteger a los sectores de clase media.
Durante el panel “Perspectivas económicas para América Latina y el Caribe”, celebrado por el Ministerio de Hacienda y Economía en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Díaz sostuvo que los subsidios generalizados son costosos y que el país debe aprovechar las presiones actuales para avanzar hacia un esquema en el que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.
“Yo estoy predicando que la crisis es un excelente momento para desmontar los subsidios generalizados, mejorar la focalización”, expresó el funcionario. Agregó que, aunque siempre existirán errores de inclusión y exclusión, el país cuenta con mecanismos para identificar a buena parte de la población que requiere asistencia.
No obstante, Díaz señaló que la estructura social dominicana plantea una dificultad adicional para el diseño de estas políticas. Al tratarse de una economía donde una parte importante de la población pertenece a la clase media, las autoridades también deben determinar cómo proteger a ese segmento ante la eliminación de ayudas de carácter general.
“¿Qué hacemos con la clase media? ¿Cómo los protegemos?”, cuestionó el ministro al explicar las inquietudes que surgen desde el ámbito político cuando se plantea modificar el esquema de subsidios.
Ante este escenario, Juan Pablo Uribe, director de la División para México, Centroamérica y República Dominicana del Banco Mundial, consideró que la respuesta fiscal a la crisis debe combinarse con inversiones que permitan sostener el crecimiento y mejorar las condiciones de vida de la población.
Uribe sostuvo que la inversión en infraestructura y capital humano debe mantenerse como una prioridad, incluso cuando el Gobierno tenga que adoptar medidas para reducir el gasto público. A su juicio, estos dos componentes pueden acompañar el proceso de eliminación de subsidios generalizados, particularmente los vinculados al sector energético.
El representante del Banco Mundial señaló que los subsidios energéticos en República Dominicana representan un costo cercano a los US$2,000 millones, equivalente a entre el 1.5% y el 2% del producto interno bruto (PIB).
“Si uno pudiera estructurar ese ahorro de alguna manera, el mensaje que hay detrás de eso es que se puede aprovechar la crisis para hacer transformaciones estructurales”, manifestó.
Sin embargo, advirtió que la viabilidad de estas reformas también depende de la confianza de la población. Explicó que, desde su experiencia en el sector público, muchas veces las personas comprenden las medidas, pero no necesariamente creen en sus resultados.
Por esa razón, consideró necesario mantener una comunicación constante sobre los cambios y sus beneficios, de manera que la ciudadanía pueda entender cómo la reducción de los subsidios generalizados se traduce en mejores servicios e inversiones.
En esa misma línea, Tomás Bermúdez, gerente del Departamento Regional de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coincidió en que el debate debe incluir qué recibirá la población a cambio de la eliminación de esas ayudas.
Bermúdez planteó que el Gobierno debe explicar cómo los recursos que actualmente se destinan a subsidios generalizados pueden convertirse en inversión pública eficiente, con proyectos que produzcan beneficios sociales concretos y se ejecuten en plazos razonables.
También señaló que la focalización debe acompañarse de mejoras en la calidad del servicio eléctrico. Consideró que no se trata únicamente de entregar las ayudas a quienes las necesitan, sino de avanzar hacia un sistema energético más eficiente y competitivo.
“Es ver cómo se desmontan, tenemos varios elementos de precio, cómo se focaliza lo que realmente lo necesitan”, expresó al referirse a los subsidios generalizados.
Para el representante del BID, la discusión debe incluir ambas dimensiones: proteger a los hogares que requieren asistencia y mejorar la eficiencia del gasto público, especialmente en sectores como la energía, cuyo desempeño también incide en la competitividad de la economía dominicana.
