El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde condenó a 20 años de prisión a Darwin Daniel González, tras encontrarlo culpable de abusar y embarazar a su hijastra, una adolescente de 14 años que padece parálisis cerebral y presenta discapacidades motoras y cognitivas.
La sentencia fue dictada por los magistrados Miguel Alejandro Báez, quien presidió el tribunal, Rikelmigh Padilla y Dariana Peñalo, quienes acogieron las pruebas presentadas por el Ministerio Público e impusieron la pena máxima de 20 años contemplada para el delito.
El fiscal Luis Enrique Taveras explicó que el condenado se aprovechó de las condiciones de vulnerabilidad de la adolescente, quien no tenía posibilidades de defenderse ni de comunicar lo que le estaba ocurriendo.
“Estamos hablando de una niña que tenía una condición especial, o algunas condiciones especiales que constan también en el expediente, que se discutieron en este juicio y la cual no tenía posibilidad de defenderse, ni siquiera de comunicar lo sucedido”, expresó el representante del Ministerio Público.
Uno de los aspectos más llamativos del proceso fue la negativa de la madre de la adolescente a testificar contra el acusado, pese a que su propia hija había sido víctima de la agresión sexual.
Según explicó Taveras, la mujer tuvo que ser conducida a la audiencia por militares, debido a que se resistía a comparecer ante el tribunal. Sin embargo, una vez presente, mantuvo su negativa a declarar.
“Nosotros tuvimos que conducir a la madre con militares a la audiencia, ya que la misma se negaba a venir al juicio a pesar de que su hija era la víctima y su nieta el producto de esa vio-la-ción. Y a pesar de traerla, la misma se negó a declarar ante el tribunal”, manifestó el fiscal.
A pesar de esta situación, el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad penal del acusado mediante las demás evidencias presentadas durante el juicio.
Entre las pruebas fundamentales figuró un análisis de ADN que estableció una probabilidad de paternidad del 99.99 %, confirmando el vínculo biológico entre el condenado y la niña nacida como consecuencia de la violación sexual.
La menor, que actualmente tiene dos años de edad, nació cuando su madre era todavía una adolescente.
El Ministerio Público valoró la sentencia como una respuesta judicial frente a un grave caso de violencia sexual contra una menor en condición de extrema vulnerabilidad, destacando que las pruebas científicas permitieron sustentar la condena pese a la falta de colaboración de la madre de la víctima.
