Caso Odebrecht a la expectativa en su inicio desde cero

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Santo Domingo.- A partir de este lunes la expectativa de la opinión pública estará centrada en el caso Odebrecht, que inicia una nueva etapa partiendo de cero, porque los resultados de los primeros procesos ya no cuentan en razón de que ahora se ventilará en una jurisdicción judicial unificada.

El proceso judicial será en el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. La modalidad de dicha audiencia será presencial y además será transmitida mediante un enlace virtual para que los medios de comunicación puedan realizar una cobertura.

La constructora reconoció en diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de 12 países, entre ellos la República Dominicana, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

A la fecha, hay seis imputado bajo investigación por presuntamente haber recibido sobornos de unos 92 millones de dólares que pagó la empresa Odebrecht para ser beneficiada con obras estatales en el país.

Por el caso, seis implicados por la acusación de sobornos de la empresa Odebrecht:

El exsenador de la provincia San Cristóbal por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán, perdió su inmunidad y pasó a una corte ordinaria. En su contra, pesa acusaciones de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Será conocido en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, compuesta por cinco miembros.

El Ministerio Público asegura que, desde el cargo de presidente de la comisión de finanzas del Senado, influyó entre sus colegas para que se aprobaran contratos de obras millonarias a favor de Odebrecht a cambio de grandes sumas de dinero.

Ángel Rondón: Representante comercial de Odebrecht en la República Dominicana. Acusado de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.

Es señalado como la persona que distribuía los sobornos a funcionarios y legisladores para conseguir proyectos y agilizar su financiación. La acusación asegura que creó un complejo entramado corporativo a través del cual introducía al país los fondos de origen ilícito, en un evidente esquema de lavado de activos.

Andrés Bautista: Empresario del sector agropecuario, ocupó la presidencia del Senado en tres períodos en la década pasada y fue presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM). Acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

De acuerdo con el Ministerio Público, tenía estrechas relaciones con Rondón, facilitó la red de sobornos a favor de Odebrecht y movilizó millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas, «detentando hoy un multimillonario patrimonio que sencillamente no puede justificar».

Víctor Díaz Rúa: Empresario del sector construcción, exministro de Obras Públicas (2007-2012) y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (2004-2007). Al momento de su arresto en mayo de 2017 era secretario de finanzas del PLD.

Acusado de recibir sobornos y prevaricación en el ejercicio de sus funciones. Según la Fiscalía, Díaz Rúa presenta «un patrimonio de proporciones exorbitantes, imposible de justificar con los salarios que devengó» como director y ministro de las citadas instituciones.

Conrado Pittaluga: Abogado. Acusado de soborno, enriquecimiento patrimonial ilícito y lavado de activos.

Según el Ministerio Público, sirvió como testaferro y cómplice de Díaz Rúa, recibiendo sobornos millonarios para la adjudicación a Odebrecht de la Autopista del Coral, en el este del país.

Roberto Rodríguez: Exsenador, exdiputado y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, miembro del PRM.

Acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por supuestamente haber recibido sobornos y falsear su declaración jurada y ocultado numerosos inmuebles, productos financieros y empresas, «a fin de no revelar el sustancial patrimonio que había acumulado ilícitamente».

La comunicación informa que dado a que es un proceso complejo por la cantidad de participantes y en vista de la situación sanitaria que vive el país, el acceso a la sala será limitado.

«De esta forma, damos cumplimiento a las disposiciones de las autoridades de salud de respetar los protocolos de distanciamiento físico y seguridad para prevenir contagios del Covid-19».

Para la cobertura presencial de los medios, se han definido las siguientes medidas, las cuales se aplicarán para asegurar la fluidez de los trabajos, así como la protección de la salud de las personas que estarán en la sala de audiencias.

Medidas adoptadas:

Solo se permitirá una persona por medio dentro de la sala.

Los periodistas o reporteros deberán estar debidamente identificados con los carnets de sus respectivos medios de comunicación, que serán requeridos por el personal de seguridad al momento de entrar al tribunal.

Todas las personas dentro de la sala de audiencia deben usar mascarillas de forma permanente.

La sala de audiencia tiene una capacidad limitada, por lo que, al momento de llegar a la ocupación total se restringirá el acceso a la misma, conforme lo dispone la ley.

Habrá un espacio señalizado para la prensa de forma tal que puedan realizar su labor desde dicho espacio, como se ha contemplado en ocasiones anteriores. Al momento del inicio de la audiencia y durante el transcurso de esta, deberán permanecer en el lugar asignado y no circular por la sala.


En la sala de audiencia tendremos personal de Prensa de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, para asistirles ante cualquier necesidad. NS

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