Santo Domingo. La cantante Zulinka Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, recibió un millón de pesos por parte de la empresa Inversiones E & L, S. R. L., propietaria de la discoteca Jet Set, como parte de un acuerdo para desistir de iniciar acciones legales por daños y perjuicios tras el colapso del establecimiento.
La tragedia que ocurrió el pasado 8 de abril y que cobró la vida de 236 personas, incluido su padre. De acuerdo con el ítem 56 de los documentos presentados por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat propietarios de Jet Set durante la audiencia de medida de coerción, el pago fue formalizado mediante un cheque entregado a Zulinka Yadhira Pérez, nombre legal de la artista, el 28 de mayo de 2025.
El documento señala que el dinero recibido constituyó una “asistencia o apoyo económico destinado a cubrir y solventar gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura donde operaba el establecimiento comercial conocido como Jet Set, incluyendo la afectación que pueda haber recibido como empleada y miembro de la orquesta del señor Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido popularmente como Rubby Pérez, quien lamentablemente falleció a raíz del aludido suceso”.
El recibo de descargo y desistimiento fue firmado por Pérez en presencia de un abogado notario, quien certificó que el acuerdo se llevó a cabo con pleno conocimiento y aceptación de las partes involucradas.
La revelación del documento ocurrió este miércoles durante la audiencia donde el Ministerio Público solicita prisión preventiva para los hermanos Espaillat, imputados por presunta negligencia en la tragedia que enlutó al país durante una presentación en vivo del intérprete de “Sobreviviré”.
Hermanas presentan demanda
La familia Pérez ha solicitado una indemnización de RD$435,000,000.00 por la muerte del cantante Rubby Pérez, que no se concibe como una compensación económica, sino como un instrumento para facilitar la transformación social.
Según un comunicado de prensa, esta acción legal va más allá de un simple reclamo judicial; representa una apuesta ética: transformar el duelo en una responsabilidad social.
