PLD pide a la JCE comprobar requisitos candidatura de Franklin Romero por supuestos vínculos con el narcótrafico

RD.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó formalmente hoy a la Junta Central Electoral (JCE) que compruebe si Franklin Martín Romero Morillo, a quien sindican como estrechamente vinculado al narcotráfico y lavado de activos, cumplió los requisitos para ser candidato a Senador de la provincia Duarte por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Nuestro Partido seguirá luchando para que en República Dominicana la política no se contamine con esas actividades ilícitas y permanecerá alerta ante la incidencia cada vez mayor de  figuras ligadas al narcotráfico,  tienen en las actividades del Partido Revolucionario Moderno (PRM)”, consigna la instancia escrita.

Refiere el documento que Romero Morillo fue acusado en el año 2000 por la fiscalía neoyorquina de conspirar para traficar con drogas, facilitar comunicación y lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Además, que el mismo fue apresado en Panamá once años después y trasladado a Estados Unidos donde fue sentenciado a un año de reclusión probatoria con prisión suspendida tras declararse culpable para evadir una mayor pena.

“No obstante, dicha negociación no evitó que el señor Franklin Martín Romero Morrillo mantenga, de por vida, un récord criminal de un delito grave en los Estados Unidos”, se lee textualmente en el documento reseñado por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

El partido oficialista plantea que a pesar de la publicidad del caso en territorio dominicano y que Romero Morillo hacía vida pública y empresarial como promotor artístico, logró una diputación en el 2012 por la provincia Duarte, “y en este año se ha inscrito como candidato a senador por dicha provincia por el PRM”, acota la nota.

Entre los considerandos que sustentan la referida petición destacan las convenciones internacionales sobre delitos transnacionales, el Artículo 260 de la Constitución dominicana sobre combate a actividades criminales; y partiendo de ellos llama el PLD a la JCE “a que redoble sus esfuerzos para garantizar que las candidaturas a posiciones electivas las ostenten personas sin ningún tipo de vinculación, presente o pasada, con el narcotráfico y el crimen organizado…”

De manera específica, el Partido de la Liberación Dominicana solicita a la Junta Central Electoral que proceda a la revisión del cumplimiento de todos los requisitios para optar por la candidatura a senador por parte del señor Franklin Romero, en virtud de la naturaleza de orden público de la pena y el tipo penal en el que se vio involucrado, consierando que ello lo hace incompatible con su candidatura y posterior función legislativa.

Y la segunda petición reza textualmente:  “Que la JCE procesa a revisar, en cumplimiento de los artículos 24, 59 y 64 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, si el señor Franklin Romero ha aportado recursos al PRM cuyo origen pueda estar vinculado a las actividades ilícitas por las que fue previamente condenado en Estados Unidos”.

Al órgano estatal de elecciones se presentaron en la mañana de hoy los delegados titular y suplente político José Ramón Fadul y Danilo Díaz, junto al representante del candidato presidencial y titular de la secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, quien fungió de vocero durante la entrega de la instancia y ante los periodistas que le abordaron respecto de su visita.

Investigar aportes de candidato reclamado en extradición por EEUU

El PLD también mediante instancia solicitó  a la JCE la   investigación sobre aportes de recursos provenientes del narcotráfico internacional, por parte del señor Yamil Abreu Navarro al PRM y la  sustitución de  una funcionaria  en la Junta Municipal Electoral del municipio Padre Las Casas, provincia Azua.

“Se hace necesario investigar todos los aportes que hizo el señor Yamil Abreu Navarro a la campaña del PRM, para determinar tanto la cantidad de dinero, la modalidad, y los destinatarios de esos recursos ilícitos” dice el PLD en la solicitud a la Junta Central Electoral en consonancia con un documento hecho pública el pasado lunes por su Comité Político.

El PLD solicita: Que la Unidad Especializada de Control Financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la Junta Central Electoral supervise los recursos que el señor Yamil Abreu Navarro haya entregado al PRM para la campaña política de ese partido;

Que la Unidad Especializada de Control Financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la Junta Central Electoral, amparada en los mecanismos de control establecidos en el artículo 69.2 de la Ley de Partidos, le solicite al PRM que le muestre el registro de contribuyentes.

Una tercera solicitud es para que  la señora Lidia Agramante, cónyuge del señor Yamil Abreu  Navarro, sea sustituida de su posición como Primer Vocal de la Junta Electoral del municipio Padre Las Casas, provincia Azua.

                            Síntesis de solicitudes del PLD a la JCE

Solicitud de investigación sobre aportes de recursos provenientes del narcotráfico internacional, por parte del señor Yamil Abreu Navarro, al Partido Revolucionario Moderno (PRM); solicitud de sustitución de funcionaria junta municipal; y solicitud de comprobación de cumplimiento de requisitos de candidatura senatorial del PRM en la provincia Duarte.

Hemos expresado a la JCE nuestra profunda preocupación por la cada vez más evidente incidencia de sectores ligados al narcotráfico en la campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM), frente a lo cual la dirección de ese partido ha optado por guardar silencio y no dar ninguna explicación al respecto.

El caso más notorio es el del señor Yamil Abreu Navarro, quien hasta hace poco fuera alcalde y candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Este señor fue sido apresado en respuesta a una solicitud de extradición por parte de las autoridades de Estados Unidos por sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y vinculación con carteles internacionales de la droga.

De acuerdo con las informaciones publicadas por las autoridades dominicanas, la red internacional a la que pertenece el señor Yamil Abreu Navarro tiene incidencia en México y Estados Unidos y se dedica al tráfico de heroína y otras sustancias controladas, al lavado de activos, y transacciones de dinero de manera ilegal, entre otras actividades.

Este señor, miembro del Comité Nacional del PRM, segundo órgano de importancia jerárquica en ese partido, llevó a cabo su actividad política en contacto permanente con otros altos dirigentes del PRM, es decir, era parte del círculo de la alta dirigencia de ese partido, a tal punto, que el director de la campaña presidencial del PRM, Roberto Fulcar, solicitó de manera pública a todos sus amigos del distrito municipal Las Lagunas, en Padre de las Casas, provincia Azua, apoyar al señor Yamil Abreu Navarro porque tendría la ayuda de un eventual gobierno de Luis Abinader.

Además de lo anterior, y de acuerdo con las informaciones de las autoridades investigativas del país, reseñadas en los medios de comunicación, el señor Yamil Abreu Navarro fungía, hasta su detención, como director de campaña del PRM para la región Sur-Central.

Sin embargo, no queda claro si la descripción regional se refiere al contexto geográfico de la zona o también al contexto electoral, en el cual dicha región, la Sur Central, representa la mayor concentración de electores con 3,293,025 lo que equivale al 44.1% del padrón de votantes de todo el país para las elecciones del 2020 que asciende a más de 7.5 millones.

Esta división territorial la integran el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa y Peravia, las cuales cuentan con 1,279 recintos electorales que comprenden 7,217 colegios, según informaciones de la propia Junta Central Electoral.

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, son deberes y obligaciones de los partidos políticos desarrollar sus actividades con apego a la Constitución, las leyes vigentes, y sus reglamentos internos; permitir la fiscalización de sus actividades, documentos, libros y registros por parte de la autoridad electoral competente; y rendir cuentas e informar de sus actividades y actos de administración a las autoridades competentes, cuando estas lo requieran.

Por otro lado, el artículo 59 de la misma ley establece que el patrimonio de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos estará integrado por las contribuciones de personas físicas, los bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no sean contrarios a la ley.

Y el artículo 64 establece que se consideran ilícitas todas las donaciones o aportes a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas.

En vista de todo lo anterior, se hace necesario investigar todos los aportes que hizo el señor Yamil Abreu Navarro a la campaña del PRM, para determinar tanto la cantidad de dinero, la modalidad, y los destinatarios de esos recursos ilícitos.

Sin embargo, este no es el único caso que vincula al PRM con individuos ligados al narcotráfico. Hay denuncias tanto en el país como en el exterior de la presencia de personas vinculadas al negocio ilícito de las drogas, no sólo en las actividades políticas y electorales del PRM en las provincias de Hato Mayo, El Seibo, Santo Domingo, Duarte, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Valverde, La Vega, Santiago, La Romana, entre otras, sino también denuncias de candidatos actuales del PRM que en el pasado fueron sometidos a la justicia y/o condenados por crímenes de narcotráfico internacional y lavado de activos.

Hacemos un llamado a la Junta Central Electoral a que redoble sus esfuerzos para garantizar que las candidaturas a posiciones electivas las ostenten personas sin ningún tipo de vinculación, presente o pasada, con el narcotráfico y el crimen organizado.

Por todo lo anterior, nos permitimos solicitar lo siguiente:

  1. Que la Unidad Especializada de Control Financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la Junta Central Electoral supervise los recursos que el señor Yamil Abreu Navarro haya entregado al PRM para la campaña política de ese partido;
  2. Que la Unidad Especializada de Control Financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la Junta Central Electoral, amparada en los mecanismos de control establecidos en el artículo 69.2 de la Ley de Partidos, le solicite al PRM que le muestre el registro de contribuyentes contentivo de los nombres y apellidos de los mismos, así como la cédula de identidad y electoral, y el monto de la contribución.
  3. Que la señora Lidia Agramonte, cónyuge del señor Yamil Abreu

Navarro, sea sustituida de su posición como Primer Vocal de la Junta Electoral del municipio Padre Las Casas, provincia Azua.

Finalmente, nos permitimos recordar que el artículo 78.4 de la Ley de Partidos establece que, en el caso de recibir financiamiento ilegal, los candidatos, partidos, agrupaciones y movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables serán condenados al pago de una multa del doble de la contribución ilícitamente aceptada, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes.

Por otro lado, le hemos pedido a la JCE comprobar si la candidatura a senador del señor Franklin Martin Romero Morillo, postulado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia Duarte, se ajusta a todas las disposiciones pertinentes de la Constitución y las leyes dominicanas.

En este sentido, es importante señalar que, en agosto del año 2000, el señor Romero fue acusado por la fiscalía de la ciudad de Nueva York, de posesión con la intención de distribuir y conspiración de distribuir narcóticos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y uso/facilitación de comunicación con la finalidad de distribuir substancias controladas.

Luego de diez años como fugitivo de la justicia de Estados Unidos, en el año 2011 el señor Romero Morillo fue apresado cuando intentaba abordar un crucero en Panamá y, desde allí, fue llevado a una cárcel de Nueva York, ciudad en la que posteriormente se le enjuició y fue condenado a un año de probatoria (prisión suspendida), tras declararse culpable de facilitar comunicaciones con la intención de distribuir substancias narcóticas controladas (en su caso, cocaína), declaratoria acordada con la fiscalía de Nueva York, quien le retiró los demás cargos imputados, por lo que evitó ir a prisión por muchos años.

No obstante, dicha negociación no evitó que el señor Franklin Martin Romero Morillo mantenga, de por vida, un récord criminal de un delito grave en los Estados Unidos.


A pesar de toda la publicidad que en nuestro país tuvo el caso, incluyendo su condena, debido a que el entonces acusado se dedicaba además a promoción de actividades artísticas de grupos musicales muy famosos, el señor Romero logró una diputación por la provincia Duarte en el año 2012 y en este año se ha inscrito como candidato a senador de dicha provincia, por el PRM.

Tomando en cuenta que nuestro país es signatario de convenciones internacionales que buscan hacer más efectivos los mecanismos de prevención, detección y sanción de los fenómenos delictivos de naturaleza transnacional, y tomando en cuenta que la Constitución de la República dispone en su artículo 260 que es de alta prioridad nacional, en materia de seguridad y defensa, el combate a las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes, hacemos un llamado a la Junta Central Electoral a que redoble sus esfuerzos para garantizar que las candidaturas a posiciones electivas las ostenten personas sin ningún tipo de vinculación, presente o pasada, con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Por todo lo anterior, nos permitimos solicitar lo siguiente:

Que la JCE proceda a la revisión del cumplimiento de todos los requisitos necesarios para optar por la candidatura a senador, por parte el señor Franklin Romero, en vista de la naturaleza de orden público de la pena y el tipo penal en el que se vio involucrado, el cual haría de esta persona alguien incompatible con la candidatura y posterior función de Senador de la República; y.

Que la JCE proceda a revisar, en cumplimiento de los artículos 24, 59 y 64 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, si el señor Franklin Romero ha aportado recursos al PRM cuyo origen pueda estar vinculado a las actividades ilícitas por las que fue previamente condenado en Estados Unidos.

El Partido de la Liberación Dominicana aprovecha la oportunidad para reiterar su compromiso inquebrantable contra el tráfico de drogas y el crimen transnacional. Nuestro partido seguirá luchando para que en República Dominicana la política no se contamine con esas actividades ilícitas y permanecerá alerta ante la incidencia cada vez mayor que figuras ligadas al narcotráfico tienen en las actividades del Partido Revolucionario Moderno (PRM).


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