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El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda civil contra Darren Indyke, exabogado de Jeffrey Epstein, y Richard Kahn, quien fuera su contador, a quienes acusa de facilitar y ocultar las operaciones de tráfico sexual del fallecido financiero, incluidos los presuntos abusos cometidos en su antiguo rancho Zorro, próximo a Santa Fe.
La acción judicial, presentada este miércoles, 21 de octubre, busca impedir que ambos profesionales reciban pagos del patrimonio de Epstein, cuyo fideicomiso privado conserva más de 100 millones de dólares, y procurar que los recursos puedan destinarse a compensar a las sobrevivientes de los abusos.
Según la Fiscalía General estatal, Indyke y Kahn habrían desempeñado funciones que facilitaron el funcionamiento de la red de explotación sexual. Torrez sostiene que ambos podrían beneficiarse económicamente del patrimonio si los tribunales no intervienen.
“Esos recursos legítimamente pertenecen a las sobrevivientes”, expresó el fiscal general al defender la necesidad de impedir que los fondos sean distribuidos antes de que se resuelvan las reclamaciones correspondientes.
Los señalados niegan conocer los abusos
Darren Indyke trabajó durante aproximadamente dos décadas como abogado personal de Epstein, mientras que Richard Kahn se encargaba de asuntos contables y financieros relacionados con el magnate.
Ambos han declarado ante el Congreso estadounidense que desconocían los abusos sexuales cometidos por Epstein. Estas declaraciones contrastan con las acusaciones formuladas por las autoridades de Nuevo México, que buscan establecer mediante el proceso judicial si los dos hombres tuvieron algún grado de responsabilidad en las actividades investigadas.
La demanda constituye la primera acción de las autoridades de Nuevo México contra Indyke y Kahn relacionada con las operaciones de Epstein en ese estado.
El rancho Zorro, bajo investigación
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el rancho Zorro, una extensa propiedad situada cerca de Santa Fe, donde Epstein recibía invitados y que, según testimonios presentados durante el juicio contra su colaboradora Ghislaine Maxwell, fue escenario de abusos sexuales contra mujeres.
Epstein adquirió la propiedad en 1993 y construyó allí una mansión con pista de aterrizaje privada y helipuerto. Pese a las investigaciones sobre sus actividades, el financiero nunca fue acusado formalmente por delitos cometidos en Nuevo México.
En febrero de este año, las autoridades estatales reabrieron las investigaciones relacionadas con la propiedad para profundizar en las denuncias sobre posibles delitos sexuales y determinar por qué las actuaciones anteriores no desembocaron en cargos penales en ese territorio.
Además, una comisión creada por legisladores estatales concluyó en un informe publicado en agosto que las autoridades locales remitieron reiteradamente el caso a otras jurisdicciones, entre ellas Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes estadounidenses, lo que contribuyó a que los posibles delitos cometidos en Nuevo México no fueran investigados ni sancionados de manera efectiva.
Una disputa por más de 100 millones de dólares
La demanda también plantea interrogantes sobre el destino de los recursos que permanecen en el patrimonio de Epstein y sobre las posibles compensaciones para las víctimas.
El estado pretende evitar que Indyke y Kahn reciban pagos mientras se examinan las acusaciones en su contra. La resolución de esta disputa dependerá de las decisiones que adopten los tribunales durante el proceso.
En agosto pasado, Torrez también demandó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, al que acusó de restringir el acceso estatal a información relevante para investigar los presuntos delitos cometidos en el rancho. Las autoridades federales alegaron que parte de los documentos no podía divulgarse para proteger la identidad de las víctimas.
Epstein murió en agosto de 2019 en una cárcel federal de Nueva York, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Su expareja y colaboradora Ghislaine Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable en 2021 por delitos relacionados con el tráfico sexual.
Con esta nueva acción judicial, las autoridades de Nuevo México buscan determinar posibles responsabilidades adicionales y evitar que los recursos vinculados al patrimonio del financiero sean distribuidos sin considerar las reclamaciones de las sobrevivientes.
