La última semana de septiembre ha dejado una imagen inédita en la industria del entretenimiento: la política estadounidense ha decidido que no puede permitirse perder Hollywood. Desde Sacramento hasta Washington, gobernantes de ambos partidos han movido ficha para proteger a los estudios, en un giro que estrecha como nunca los lazos entre la meca del cine y el poder público.
El primer movimiento llegó desde California. El gobernador Gavin Newsom presionó para cerrar el caso antimonopolio de Paramount, ante el temor de que el estudio abandonara el estado. Casi al mismo tiempo, republicanos y demócratas presentaron en el Congreso un incentivo federal para la producción cinematográfica, conscientes del riesgo de ceder terreno frente a la competencia extranjera.
«El Gobierno estadounidense nunca había hecho esto», resume Stephen Galloway, decano de la escuela de cine de la Universidad Chapman. A su juicio, el cambio de lógica es evidente: el Estado ya no busca frenar los posibles daños de los estudios, sino evitar que sean ellos los perjudicados.
Un pacto con condiciones inéditas
El acuerdo que permite a Paramount avanzar en la compra de Warner Bros. Discovery incluye cinco años de supervisión gubernamental. El pacto obliga a la compañía a conservar la titularidad de los estudios, a estrenar al menos 30 películas al año y a negociar por separado los contratos de distribución por cable de ambas empresas. Además, se creará una junta que vigilará las redacciones de CBS y CNN.
Ninguna de las partes quería este desenlace. David Ellison, director ejecutivo de Paramount, aspiraba a cerrar la operación sin condiciones, mientras que el fiscal general de California, Rob Bonta, pretendía bloquearla o forzar desinversiones. Su jefa antimonopolio, Paula Blizzard, defendía a mediados de mes que las soluciones estructurales eran preferibles porque no convierten al Estado en un actor del mercado. Una semana después, Bonta anunció un paquete de medidas correctivas.
Sus críticos lo han calificado de concesión, pero el decreto incluye una cláusula sin precedentes: Paramount deberá cuadruplicar su producción en Estados Unidos si prospera el subsidio federal. La fiscalía tendrá que velar por el cumplimiento de esos niveles, y Blizzard ya advirtió a la jueza Araceli Martínez-Olguín que el asunto podría volver a los tribunales.
Republicanos y demócratas, del mismo lado
Históricamente, Hollywood ha desconfiado de cualquier intervención gubernamental, ya fuera por la censura o por las iniciativas antimonopolio. Esta vez, sin embargo, sindicatos y directivos han celebrado los avances. Los demócratas llevan años haciendo una excepción con las ayudas a los estudios por los empleos sindicalizados que generan, y ahora los republicanos también se suman.
Texas marcó el camino el año pasado al ampliar su incentivo estatal con bonificaciones para proyectos de temática religiosa y películas que ensalzan la herencia cultural del estado. Para Pete Johnson, investigador y profesor visitante en la Universidad de Nueva York, ese movimiento sirvió de precedente para que Donald Trump respaldara un incentivo federal.
El miedo a perder la industria ha pesado más que las diferencias partidistas. La amenaza de Paramount de dejar California movilizó a Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, mientras el fin de la edad dorada de la televisión y la caída del empleo en producción han reforzado el apoyo a las ayudas. Incluso el senador republicano Tim Scott, de Carolina del Sur, advirtió que el país no puede quedarse de brazos cruzados mientras sus rodajes se marchan al extranjero.
