La ONU advirtió que Bolivia se convirtió en un centro de operaciones para carteles internacionales de droga, con presencia de organizaciones de México, Brasil, Perú y Colombia que actuaron junto a estructuras locales.
La representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Bolivia, Mónica Mendoza, sostuvo en una entrevista con EFE que el país dejó de ser únicamente un productor de materia prima y una ruta de tránsito. Según explicó, la actividad criminal reunió narcotráfico, contrabando, trata de personas, corrupción y minería ilegal bajo una dinámica coordinada.
Mendoza señaló la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación, de México, y de las organizaciones brasileñas Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho. También mencionó la actuación de grupos procedentes de Perú y Colombia. La funcionaria indicó que las cárceles bolivianas registraron detenidos de esas nacionalidades vinculados con las estructuras de mando de esas redes.
“Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (…) de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales”, afirmó Mendoza.
La representante de la Unodc relacionó esa presencia con el aumento de asesinatos por encargo, sobre todo en zonas cercanas a la frontera con Brasil. Los ataques se repitieron durante los últimos meses y llevaron al Gobierno boliviano a desplegar al Ejército y unidades de élite para reforzar la seguridad en esas áreas.
Mendoza explicó que los hechos mostraron disputas entre grupos criminales por el control territorial. “Están confrontados” y “están peleando por territorios”, dijo al referirse a las organizaciones que operaron en el país.
El último informe de la Unodc sobre cultivos de coca señaló que la superficie cultivada subió un 7 %, desde 34.000 hectáreas en 2024 hasta 36.400 hectáreas en 2025. Bolivia ocupó el tercer lugar mundial entre los productores de hoja de coca, detrás de Colombia, que registró 261.000 hectáreas en 2024, y Perú, que informó 84.546 hectáreas en 2025.
La hoja de coca mantuvo usos tradicionales y ancestrales en Bolivia, aunque Mendoza advirtió que el crecimiento de los cultivos se produjo en un escenario donde las redes transnacionales ampliaron sus operaciones. La funcionaria definió la convergencia de delitos como una suerte de “holding” criminal, con actividades y recursos conectados.
Durante las gestiones de Evo Morales, entre 2006 y 2019, y Luis Arce, entre 2020 y 2025, las autoridades rechazaron que carteles o grandes jefes del narcotráfico operaran en territorio boliviano. En esos años, el discurso oficial situó la actividad ilegal en manos de emisarios y clanes locales.
La administración del presidente Rodrigo Paz reconoció la presencia del crimen organizado transnacional y defendió las medidas adoptadas contra esas estructuras. Entre los resultados citó la detención, en marzo, del uruguayo Sebastián Marset, quien luego fue enviado a Estados Unidos.
Para Mendoza, el caso de Marset mostró que el narcotráfico no funcionó en un nivel reducido. La representante afirmó que la captura rompió una “narcopaz”, término con el que describió un período en que las organizaciones distribuyeron rutas, tareas y zonas de influencia, sin confrontaciones visibles para la población.
La funcionaria también alertó sobre la infiltración de estas redes en instituciones judiciales. “En Suramérica existe una política de expansión e infiltración del crimen organizado”, afirmó, y agregó que esa penetración formó redes de corrupción destinadas a frenar las investigaciones y la persecución penal.
Sus declaraciones se produjeron tras la destitución y el encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado por el Ejecutivo de proteger presuntamente al “narcoterrorismo”. Mendoza sostuvo que negar la infiltración institucional permitiría que el narcotráfico se instalara con mayor facilidad y dificultaría después la recuperación de esos organismos.
La representante de Naciones Unidas pidió una respuesta integral frente al narcotráfico, con acciones contra las estructuras, las finanzas y la capacidad operativa de las organizaciones. También reclamó la aprobación de normas contra el lavado de dinero y de extinción de dominio, además de más sentencias judiciales en causas vinculadas con el narcotráfico.
