En medio de la investigación por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde murieron 232 personas tras el colapso de su techo, el Ministerio Público ha activado una herramienta legal que ha llamado la atención: la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Pero, ¿por qué utilizar una legislación pensada para combatir el crimen financiero en una tragedia aparentemente estructural?
La respuesta está en las facultades preventivas que ofrece esta ley. Aunque no se investiga al empresario Antonio Espaillat por lavado de dinero, la normativa permite que, de manera cautelar, se impida cualquier movimiento económico o transacción sobre los bienes y empresas relacionados con él.
Según explicaron fuentes vinculadas a la Procuraduría, esta medida se toma para preservar el patrimonio involucrado mientras se determina si hubo responsabilidad penal o civil. En términos simples: se evita que los activos sean vendidos, ocultados o transferidos antes de que avance el proceso judicial.
La Ley 155-17, además de perseguir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, permite al Ministerio Público solicitar congelamiento de bienes, acciones o cuentas en casos donde se investigan delitos graves y existe el riesgo de que los responsables intenten mover o esconder su patrimonio.
Bordas plantea que la reciente inmovilización de bienes solicitada por el Ministerio Público no responde únicamente al trágico evento, sino a indicios de operaciones financieras que podrían haber violado la legislación vigente.
El jurista indica que, aun sin haber tenido acceso directo a la solicitud judicial, la medida parecería estar sustentada en el artículo 23 de dicha normativa, que permite al Estado actuar sin audiencia previa, como salvaguarda en medio de una investigación compleja.
Esto revela un posible interés del Ministerio Público en desmantelar estructuras empresariales opacas, más allá de los escombros físicos del local. Con un lenguaje firme, Bordas expone que el verdadero eje de esta pesquisa puede estar en el manejo completo de la empresa: desde su esquema de tributación, contratación de empleados y flujos de capital, hasta posibles licencias irregulares.
A su juicio, la ausencia de empleados en la TSS, la evasión de impuestos o la no declaración de ingresos podrían constituir delitos precedentes, castigados con hasta 20 años de prisión.
El abogado también lanza una señal de alerta en torno a los permisos otorgados al establecimiento. Si se comprueba la existencia de autorizaciones amañadas o tráfico de influencias en el levantamiento o habilitación del Jet Set, se configuraría un escenario donde convergen fallas administrativas con delitos financieros, ambos bajo la lupa del Ministerio Público.
“No es momento para juicios anticipados”, remarca el abogado, apelando a la observación crítica y a la exigencia de transparencia durante todo el proceso.
Su llamado final es claro: “debemos entender que detrás de una catástrofe que conmociona al país, puede esconderse un sistema empresarial con serias irregularidades, cuya exposición compete no solo al ámbito judicial, sino también a la conciencia ciudadana”.
A partir de estas revelaciones, las instituciones fiscales y judiciales del país están llamadas a actuar con máxima diligencia, mientras la opinión pública comienza a procesar que esta tragedia podría ser tan estructural como financiera.
