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La especialista en psiquiatría forense Katty Gómez plantea la necesidad de establecer protocolos nacionales y garantizar peritajes especializados antes de atribuir responsabilidad penal a profesionales de la salud por resultados adversos.
Santo Domingo.– La psiquiatra forense Katty Gómez advirtió sobre los riesgos de criminalizar decisiones médicas complejas sin una evaluación científica adecuada, especialmente en el área de la salud mental, donde los especialistas deben actuar ante situaciones de incertidumbre clínica, riesgo suicida, autolesiones y posibles conductas violentas.
A través de su artículo titulado «Cuando curar da miedo: el terror ante la criminalización de la práctica médica psiquiátrica en la República Dominicana», la especialista planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos jurídicos y sanitarios que permitan diferenciar una actuación negligente de las complicaciones que pueden presentarse durante un tratamiento.
Gómez explicó que el ejercicio de la psiquiatría implica tomar decisiones en escenarios donde no siempre es posible anticipar el comportamiento de los pacientes, por lo que consideró necesario que las investigaciones judiciales tengan en cuenta los conocimientos científicos, los protocolos médicos y las circunstancias existentes al momento de la intervención.
La especialista sostuvo que un resultado desfavorable no debe interpretarse automáticamente como mala práctica, debido a que existen situaciones clínicas en las que el profesional puede actuar conforme a los procedimientos establecidos y, aun así, producirse consecuencias inesperadas.
Advierte sobre el temor a ejercer la medicina
En su análisis, Gómez abordó el concepto de medicina defensiva, una práctica que puede surgir cuando los profesionales modifican sus decisiones clínicas por temor a enfrentar consecuencias legales.
Según explicó, esta situación podría llevar a los médicos a solicitar pruebas innecesarias, evitar pacientes considerados de alto riesgo, realizar hospitalizaciones preventivas o adoptar medidas excesivamente restrictivas para disminuir su exposición jurídica.
No obstante, aclaró que la existencia y magnitud de estas conductas en República Dominicana requieren investigaciones específicas que permitan determinar su alcance.
La especialista también destacó que los psiquiatras enfrentan una situación particularmente compleja cuando deben decidir entre respetar la autonomía de un paciente y adoptar medidas para proteger su integridad física o la de terceros.
En ese sentido, señaló que un profesional puede ser cuestionado tanto por intervenir para evitar una conducta autolesiva como por permitir que el paciente tome decisiones que posteriormente deriven en consecuencias negativas.
Reclama peritajes especializados en procesos judiciales
Otro de los aspectos abordados por Gómez fue la importancia de contar con expertos en psiquiatría forense durante las investigaciones relacionadas con presuntas negligencias médicas.
La especialista indicó que el Código Procesal Penal dominicano reconoce la necesidad de recurrir a conocimientos científicos especializados cuando las circunstancias de un proceso judicial así lo requieran.
Explicó que los peritajes deben permitir establecer cuáles eran los procedimientos aplicables, qué información tenía disponible el médico, cuáles riesgos podían identificarse y si existió una actuación contraria a los estándares profesionales.
Asimismo, recordó que la Suprema Corte de Justicia ha establecido criterios para diferenciar las actuaciones negligentes de los acontecimientos imprevisibles o de las complicaciones propias de determinados procedimientos médicos.
Gómez enfatizó que la participación de expertos no sustituye la responsabilidad de los jueces, sino que proporciona los elementos científicos necesarios para valorar adecuadamente las pruebas.
Propone protocolos nacionales para casos de alto riesgo
Como parte de sus recomendaciones, la psiquiatra planteó la creación de protocolos nacionales que regulen las actuaciones médicas ante situaciones de riesgo suicida, violencia, alteraciones de la capacidad de decisión, rechazo de tratamientos y hospitalizaciones psiquiátricas.
También propuso establecer estándares obligatorios de documentación clínica, fortalecer la formación médico-jurídica y garantizar que las investigaciones sean evaluadas conforme a los conocimientos científicos disponibles al momento de los hechos.
La especialista consideró necesario que las instituciones sanitarias cuenten con mecanismos de supervisión, seguimiento y evaluación que permitan mejorar la seguridad de los pacientes y prevenir situaciones que puedan comprometer la responsabilidad profesional.
En su análisis, hizo referencia a experiencias de España y Reino Unido, así como a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueven una cultura de seguridad basada en la prevención, la transparencia y el aprendizaje de los eventos adversos.
Pide proteger derechos de pacientes y médicos
Gómez sostuvo que fortalecer las garantías jurídicas de los profesionales no significa otorgarles inmunidad frente a posibles actuaciones negligentes, sino asegurar que cualquier responsabilidad sea determinada mediante investigaciones objetivas y científicamente fundamentadas.
De igual manera, resaltó que los pacientes tienen derecho a recibir atención segura, información adecuada sobre sus tratamientos y mecanismos efectivos para reclamar cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados.
La psiquiatra insistió en que ambos intereses deben coexistir dentro de un sistema sanitario que garantice la seguridad de los pacientes y el debido proceso de los profesionales investigados.
Finalmente, exhortó a las autoridades sanitarias y judiciales a impulsar un modelo de responsabilidad médica sustentado en protocolos claros, pruebas científicas y evaluaciones especializadas, evitando que el temor a posibles sanciones condicione las decisiones clínicas.
«La responsabilidad médica protege al paciente. Pero la ciencia protege la justicia», concluyó la especialista en su artículo, al defender la necesidad de que los procesos judiciales relacionados con la práctica psiquiátrica se fundamenten en criterios técnicos y no únicamente en los resultados de una intervención.
