La Administración de Donald Trump ha encontrado una nueva vía para mantener su política proteccionista después de los problemas legales que cuestionaron el anterior sistema arancelario estadounidense. La Casa Blanca ha activado la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 bajo el argumento de combatir el trabajo forzoso en las cadenas internacionales de suministro, una justificación que afecta a decenas de economías, incluida la Unión Europea.
El resultado inmediato es la imposición de nuevos gravámenes situados entre el 10% y el 12,5%, aunque el impacto real dependerá del producto concreto y del arancel que ya tuviera aplicado. Para España, la consecuencia más relevante es que muchas compañías que hasta ahora exportaban con tasas reducidas podrían enfrentarse a un encarecimiento repentino de sus operaciones.
Los expertos apuntan que el problema principal no es únicamente el coste económico, sino la falta de estabilidad. La posibilidad de nuevos recursos judiciales o cambios en la estrategia comercial estadounidense mantiene a las compañías ante un escenario difícil de planificar.
La industria afronta el mayor riesgo por el salto de costes
El nuevo esquema genera una división clara entre sectores. La Cámara de Comercio de España señala a la industria química, los bienes de equipo, los componentes industriales y algunas manufacturas como las áreas más expuestas.
Estas actividades partían habitualmente de aranceles muy bajos, en muchos casos inferiores al 5%. Por ello, el salto hasta un mínimo del 10% puede traducirse en duplicar o incluso triplicar la carga que soportan sus productos al entrar en Estados Unidos. Además, las empresas no podrán compensar individualmente esta subida mediante certificados propios relacionados con las condiciones laborales de sus proveedores, ya que la aplicación dependerá directamente del código del producto en la aduana estadounidense.
Sin embargo, el impacto no será homogéneo. Algunos sectores con aranceles previos más elevados podrían salir relativamente beneficiados, ya que el nuevo sistema funcionaría como un límite máximo y evitaría acumular determinados impuestos. Productos como el vino, el aceite de oliva, el calzado o la perfumería podrían ver reducida su carga frente a escenarios anteriores.
El campo español mira con cautela al nuevo escenario comercial
El sector agroalimentario vive una situación contradictoria. La reducción de algunos aranceles supone un alivio frente a amenazas anteriores, pero no elimina la preocupación por la pérdida de competitividad frente a otros países.
El aceite de oliva es uno de los ejemplos más claros. Aunque España seguirá enfrentándose a un gravamen del 10%, algunos competidores podrían acceder al mercado estadounidense con mejores condiciones. El sector teme que esa diferencia termine trasladándose a los precios finales y reduzca la presencia del producto español en los supermercados norteamericanos, donde ha mantenido una posición destacada durante años.
El vino español también recibe la medida con prudencia. Las organizaciones empresariales valoran que el nuevo límite sea inferior a algunas propuestas anteriores, pero consideran que el objetivo debería seguir siendo recuperar un comercio con menos barreras entre Europa y Estados Unidos.
En términos generales, el impacto sobre la economía española podría ser limitado debido al peso relativamente reducido de Estados Unidos como destino de las exportaciones nacionales de bienes. No obstante, la preocupación empresarial se centra en el precedente: utilizar argumentos vinculados a los derechos laborales como herramienta para imponer restricciones comerciales puede abrir una etapa de mayor tensión entre Bruselas y Washington.
La nueva batalla arancelaria no solo afecta a los productos que cruzan el Atlántico, sino también a la capacidad de las empresas para operar con previsibilidad en un entorno comercial cada vez más incierto. @mundiario
