Santo Domingo.– Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron la solicitud de extinción de la acción penal presentada por varios de los acusados en el proceso judicial seguido contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y otros imputados por presuntos actos de corrupción administrativa.
La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, que estuvo representado durante la audiencia por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución; la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), además de los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Rosa Alba García, Melbin Romero y Miguel Collado.
El órgano acusador presentó ante las magistradas los argumentos y elementos que, según sostuvo, justifican el rechazo del pedimento realizado por 13 de los procesados, quienes alegaban el vencimiento del plazo para que el proceso pudiera continuar.
Durante la lectura de los argumentos, la magistrada Clara Castillo sostuvo que el proceso no ha permanecido inactivo y destacó el trabajo realizado por el sistema de justicia desde que inició el expediente.
“Este no es un proceso que ha estado durmiendo un sueño eterno en este tribunal”, afirmó Castillo, quien agregó que declarar la extinción de la acción penal implicaría desconocer el esfuerzo realizado durante el desarrollo del proceso.
La jueza consideró además que adoptar esa decisión tendría un impacto importante sobre el proceso judicial. “Dictar la extinción de la acción penal en este caso sería desconocer el esfuerzo judicial que se ha hecho con este proceso”, indicó.
El tribunal fijó para el 13 de octubre la entrega de la decisión correspondiente. Mientras tanto, las juezas Claribel Nivar, presidenta del tribunal; Clara Castillo y Yissel Soto recesaron la audiencia hasta el próximo lunes 28 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Antecedente con Jean Alain Rodríguez
La decisión se produce luego de que el mismo tribunal rechazara, en agosto pasado, una solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez.
En aquella ocasión, las magistradas también acogieron los planteamientos del Ministerio Público y ordenaron la continuación del juicio que se sigue contra el exfuncionario por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República.
Rodríguez está acusado de presuntamente malversar más de RD$6,000 millones mediante procesos que el Ministerio Público califica como fraudulentos, durante el período comprendido entre 2016 y 2020.
Durante una audiencia celebrada el pasado 30 de julio, los fiscales presentaron una cronología del proceso judicial con la que procuraron demostrar que distintas actuaciones de las defensas habían contribuido a prolongar el desarrollo del expediente.
El Ministerio Público ha sostenido que las solicitudes de extinción presentadas por las defensas carecen de fundamento jurídico y que buscan evitar que los acusados respondan en los tribunales por los hechos que se les atribuyen.
El expediente involucra a varias personas y empresas, y contempla acusaciones relacionadas con corrupción administrativa, presunto cobro de sobornos, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Además de Jean Alain Rodríguez, figuran como procesados Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También están incluidos Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Con el rechazo de las solicitudes de extinción, el proceso continúa su curso mientras el tribunal debe conocer las distintas incidencias planteadas por las partes y avanzar hacia las siguientes etapas del juicio. Los acusados mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.
