La República Dominicana ascendió al Nivel 2 en el más reciente informe sobre trata de personas de Estados Unidos, según lo comunicado por la Embajada estadounidense en el país. El documento destaca el incremento de los esfuerzos gubernamentales para combatir este delito mediante reformas legales, investigaciones judiciales, inspecciones laborales y medidas de protección a las víctimas.
Entre las principales acciones figura la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que elimina el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los delitos de trata que involucran a menores de edad. Esta reforma busca adecuar la legislación dominicana a los estándares internacionales, especialmente en los casos de explotación sexual infantil.
Trata de personas: reformas
En el ámbito legal y normativo, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, financiado con recursos del presupuesto nacional.
Asimismo, adoptó la Resolución n.º 13-2024, que establece un procedimiento para la entrega de tarjetas de identificación a personas apátridas.
Durante el proceso de modificación de la Ley 137-03, las autoridades consultaron a organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de trata.
También se mantiene la aplicación del artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que penaliza la entrega o explotación de menores de 18 años con condenas de entre 20 y 30 años de prisión.
Investigaciones sobre trata de personas
En materia de persecución penal, las autoridades iniciaron 229 investigaciones por trata de personas y procesaron a 50 sospechosos bajo la legislación especial.
El informe también destaca las acciones dirigidas a investigar posibles casos de complicidad institucional, con ocho funcionarios investigados y procesos judiciales abiertos contra tres de ellos, incluidos integrantes de las fuerzas de seguridad.
Estas actuaciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la respuesta judicial frente a este delito y perseguir la posible participación de servidores públicos.
Prevención de trata de personas
En el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo incrementó las inspecciones en sectores considerados vulnerables, como la agricultura, la construcción y la industria azucarera, hasta alcanzar un total de 1,050 supervisiones.
Como resultado de estas intervenciones, las autoridades suspendieron las actividades de 11 empresas privadas tras detectar indicios de trabajo forzoso.
De manera complementaria, un programa piloto de registro migratorio permitió formalizar la situación laboral de más de 7,400 trabajadores mediante contratos de trabajo.
La iniciativa busca reducir las condiciones de vulnerabilidad de esta población y contribuir a garantizar su libertad de movimiento.
Protección a las víctimas
En materia de asistencia, las autoridades identificaron a 136 víctimas, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada por el Estado, incluidos servicios médicos, asistencia psicológica, asesoría legal y traducción.
Mediante la coordinación entre la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), se mantuvo el funcionamiento de refugios especializados y las medidas de protección para víctimas y testigos durante los procesos judiciales.
Estas acciones estuvieron acompañadas de campañas preventivas en varios idiomas y capacitaciones dirigidas al personal de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
