El Ministerio Público ya tiene lista la acusación por lavado de activos producto del narcotráfico contra la diputada del Partido Revolucionario Moderno por La Vega, Rosa Amalia Pilarte.
En el documento acusatorio, el procurador para jurisdicciones especiales, Pedro Inocencio Amador Espinosa, solicita al magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, que le imponga medida de coerción que consiste en presentación periódica. Además, una multa de 100 millones de pesos e impedimento de salida a la legisladora Pilarte.
Que le sea impuesta la medida de coerción consistente en la presentación periódica por ante el Ministerio Publico a cargo de la investigación cada 30 días mientras dure el proceso. El pago de una garantía económica en efectivo ascendente a la suma de cien millones de pesos dominicanos. Así como el impedimento de salida del país.
Asimismo, la Procuraduría pide al juez que disponga que se mantengan las medidas cautelares de secuestro, incautación. Y las oposiciones a traspasos que pesan sobre los inmuebles en poder del Ministerio Público.
Y la inmovilización de los productos bancarios activos en el presente proceso. Eso, hasta tanto se pronuncie o no su decomiso definitivo por ante el tribunal que resulte competente para celebrar el juicio de fondo.
Según la acusación, Rosa Amalia Pilarte y su esposo Miguel Arturo López Florencio alias Miky López forman parte de una red de narcotráfico y lavado de activos que encabeza el nombrado Pablo Antonio Martínez Javier. Este último prófugo y declarado en rebeldía y que además fue deportado de Estados Unidos luego de cumplir condena por narcotráfico.
Explican las autoridades que la diputada Pilarte López movilizó a través de transacciones financieras más de cuatro mil millones de pesos.
Integró a la economía dominicana, esencialmente mediante la colocación en el sistema a financiero la millonaria suma de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trecientos noventa y nueve mil trescientos doce pesos con 92 centavos (DO4,418,399,312.92) principalmente a través de depósitos en efectivos que se realizaron a sus cuentas. Fondos que no puede justifica.
Además, de acuerdo a informes de la Superintendencia de Bancos, la diputada realizó más de mil reportes de transacciones en efectivos (RTE) por montos millonarios. Todos compuestos por depósitos y retiros en el periodo de 2016 y 2017. Todo esto contenido en el documento acusatorio depositado por el Ministerio Público en la Suprema Corte de Justicia.
