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La creciente instalación de bancas de lotería y máquinas tragamonedas en distintos puntos de la provincia de Samaná comienza a generar mayores cuestionamientos entre sectores de la población, que reclaman una intervención efectiva de las autoridades responsables de regular y fiscalizar esta actividad.
La preocupación adquiere especial relevancia en una provincia cuyo principal potencial económico está estrechamente vinculado al turismo, una industria que demanda planificación territorial, organización urbana y una supervisión rigurosa de las actividades comerciales que se desarrollan en sus municipios y distritos municipales.
Desde hace meses hemos advertido sobre la expansión de estos establecimientos y las inquietudes ciudadanas respecto al cumplimiento de las disposiciones que regulan su instalación y funcionamiento. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la capacidad de fiscalización de las instituciones competentes y las medidas adoptadas para garantizar que cada negocio opere dentro del marco legal.
La Resolución núm. 006-2019 del Ministerio de Hacienda establece requisitos para la autorización de bancas de lotería, incluida una distancia mínima de 200 metros lineales respecto de determinadas instituciones protegidas, como centros educativos, hospitales e iglesias debidamente incorporadas, entre otras.
En cuanto a la separación entre una banca de lotería y otra, la Resolución núm. 005-2019 dejó sin efecto la distancia general de 200 metros durante la vigencia de la Ley núm. 61-18. Por ello, resulta necesario que las autoridades precisen el régimen actualmente aplicable a la apertura de nuevos establecimientos.
Las salas de juegos con máquinas tragamonedas, por su parte, están sujetas a requisitos específicos de autorización y ubicación, incluidas restricciones de distancia respecto de determinados centros educativos, hospitales, iglesias, instalaciones deportivas y culturales, casinos y otras salas de juegos.
Estas disposiciones plantean una cuestión fundamental: ¿se está verificando de manera sistemática que los establecimientos instalados en Samaná cumplan con las condiciones exigidas por las normas vigentes?
Samaná no es un territorio cualquiera. Su desarrollo depende, en buena medida, de la capacidad de preservar sus atractivos naturales, organizar sus espacios urbanos y proyectar una imagen coherente con su condición de destino turístico nacional e internacional.
Por esa razón, la discusión no debe limitarse a la cantidad de negocios que se instalan, sino también a la planificación de su ubicación, la legalidad de sus operaciones y la responsabilidad institucional de supervisar su crecimiento.
La actividad comercial debe desarrollarse dentro de la ley, pero también corresponde a las autoridades garantizar que las regulaciones se apliquen de manera transparente, sin privilegios ni excepciones.
En ese contexto, preocupa que, mientras ciudadanos denuncian la proliferación de estos establecimientos, no exista suficiente información pública sobre la cantidad de permisos concedidos, las inspecciones realizadas y los resultados de los operativos de fiscalización en la provincia.
Hacienda debe ofrecer respuestas
Ante este panorama, hacemos un llamado al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, para que informe sobre la situación actual de las bancas de lotería y las máquinas tragamonedas en Samaná.
Es necesario conocer cuántos establecimientos cuentan con autorización, cuántos permisos se han otorgado recientemente, cuáles controles se aplican para verificar las distancias reglamentarias y qué medidas se adoptan cuando se comprueban violaciones a las disposiciones legales.
También resulta pertinente que las autoridades expliquen si existe un programa de inspección permanente que permita prevenir operaciones irregulares y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Samaná necesita una política de supervisión coherente con su importancia turística. El crecimiento económico no puede desligarse del ordenamiento territorial, la legalidad y la responsabilidad institucional.
La ciudadanía merece respuestas y las autoridades tienen el deber de ofrecerlas con transparencia. La preocupación está planteada: corresponde ahora a las instituciones competentes demostrar, mediante inspecciones y resultados verificables, que las normas que regulan esta actividad se cumplen efectivamente en la provincia.
Porque proteger el futuro turístico de Samaná también implica velar por el orden, la planificación y el cumplimiento de la ley.
