movil.jpg)
 970x90.jpg)
Saca, expresidente de El Salvador entre 2004 y 2009, recuperó su libertad tras cumplir una condena de diez años de prisión por delitos de corrupción relacionados con el desvío y lavado de aproximadamente 301 millones de dólares de fondos públicos durante su administración.
La salida de prisión de Elías Antonio Saca se produce después de completar la pena impuesta en 2018, cuando fue declarado culpable de participar en un esquema de apropiación y lavado de recursos provenientes de las cuentas de Casa Presidencial.
Ante su excarcelación, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 28 de octubre de 2026 que los bienes y propiedades vinculados con el proceso continuarán bajo control estatal.
La institución aclaró que el cumplimiento de la condena no implica la devolución automática de los activos confiscados ni la eliminación de las responsabilidades económicas establecidas por los tribunales.
Saca recupera su libertad tras una década en prisión
El exmandatario había sido detenido el 30 de octubre de 2016, durante la celebración de la boda de uno de sus hijos en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Posteriormente, el 13 de septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo condenó a diez años de cárcel por delitos relacionados con el manejo irregular de fondos públicos.
La sentencia se produjo después de que Saca admitiera los hechos atribuidos por la Fiscalía y aceptara someterse a un procedimiento abreviado.
Este mecanismo judicial permitió reducir la pena que habría enfrentado mediante un juicio ordinario.
Su condena lo convirtió en el primer expresidente salvadoreño sentenciado por delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio de la Presidencia.
Fiscalía mantendrá bajo control estatal bienes del expresidente
La Fiscalía General de la República aseguró que las empresas, propiedades, vehículos y otros activos relacionados con el caso no serán restituidos a Saca como consecuencia de su salida de prisión.
En marzo de 2026, un juzgado ordenó que 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros vinculados con el exgobernante pasaran a manos del Estado.
Estos bienes fueron valorados en aproximadamente 9.6 millones de dólares.
Del total, alrededor de 7.5 millones correspondían a propiedades y cerca de dos millones a productos financieros.
La institución sostuvo que las medidas sobre esos activos se mantendrán conforme a las resoluciones judiciales vigentes.
Desvío de 301 millones de dólares durante su Gobierno
Las investigaciones fiscales determinaron que durante la administración de Saca se desarrolló una estructura para trasladar fondos de Casa Presidencial hacia cuentas particulares.
Según el expediente, las operaciones incluyeron la emisión de cheques sin respaldo legal y movimientos financieros destinados a ocultar el origen de los recursos.
El caso, denominado «Destape a la Corrupción», permitió establecer el desvío y lavado de aproximadamente 301 millones de dólares del erario salvadoreño.
Además de la condena de prisión, el tribunal impuso al exmandatario una responsabilidad civil de 260.7 millones de dólares por los daños ocasionados al Estado.
En el proceso también fueron condenados antiguos funcionarios de su administración, entre ellos su exsecretario privado Élmer Charlaix y otros colaboradores vinculados con el manejo de fondos presidenciales.
Saca también enfrentó otras condenas judiciales
En septiembre de 2019, el expresidente recibió una segunda condena de dos años de prisión por un caso relacionado con la entrega de 10,000 dólares a una empleada judicial a cambio de información sobre un proceso civil.
Sin embargo, las autoridades judiciales determinaron posteriormente que esa pena había sido cumplida mediante el tiempo que permaneció bajo detención provisional.
La decisión permitió que su condena principal concluyera en octubre de 2026.
Por otra parte, en enero de 2021, Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, fueron condenados civilmente por enriquecimiento ilícito.
El exmandatario recibió la obligación de devolver aproximadamente 3.8 millones de dólares, mientras que su esposa debía reintegrar cerca de 589,608 dólares.
También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante diez años.
Obligaciones económicas continúan pendientes
Aunque Saca cumplió la pena de prisión impuesta por corrupción, todavía enfrenta obligaciones económicas derivadas de distintos procesos judiciales.
Entre ellas figura una condena civil relacionada con el manejo irregular de fondos provenientes de Taiwán, por la cual se le ordenó devolver seis millones de dólares.
La Fiscalía ha reiterado que el cumplimiento de la pena privativa de libertad no extingue automáticamente las responsabilidades civiles establecidas por los tribunales.
Hasta el momento, no se ha precisado cuánto dinero ha reintegrado el expresidente al Estado salvadoreño ni el monto total que permanece pendiente.
Su excarcelación cierra la etapa de cumplimiento de la condena principal, pero mantiene abiertos los asuntos relacionados con la recuperación de los recursos públicos.
