El Senado de la República analiza una iniciativa conocida como “ley antimeme”, la cual ha despertado inquietudes sobre posibles prácticas de censura digital en México, particularmente, alrededor de las parodias o sátiras inspiradas en el gobierno.
A principios de junio, la Secretaría de Gobernación envió a la cámara alta del Poder Legislativo un proyecto de reforma presentado por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que contempla modificaciones al Código Penal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI).
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Claudia Sheinbaum negó que Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión sea un mecanismo de censura. Reconoció que es necesario ajustar la redacción de los artículos sobre las plataformas digitales.
Entre las propuestas, destaca la adición del artículo 403 Bis a la LFPPI, el cual establece un nuevo delito penal relacionado con el uso indebido de la identidad gubernamental. La disposición legal pretende castigar con entre tres y siete años de prisión a toda persona que utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier signo oficial de los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno para “inducir al error o engaño a una o más personas a través de cualquier medio, incluyendo electrónicos, tecnológicos o digitales”.
La iniciativa forma parte de un conjunto más amplio de modificaciones propuestas que, según el Gobierno federal, pretenden fortalecer el marco penal en materia de derechos de propiedad intelectual y alinearlo con lo establecido en ciertos acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte, incluido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
No obstante, diversos críticos acusan que la adición del artículo 403 Bis constituye un mecanismo que podría vulnerar la libertad de expresión tanto en medios tradicionales como digitales, escenario que representaría la degradación de la democracia.
Ricardo Anaya, senador de la República y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que “castigar con hasta siete años de cárcel a quien haga un meme o una parodia no es propio de una democracia. Cuando se pretende silenciar la crítica, la sátira y la libre expresión, se cruzan límites peligrosos. Por eso rechazamos esta propuesta, exigimos que se detenga y votaremos en contra. La libertad de expresión no se negocia”.
Por su parte, Manuel Añorve Baños, senador y coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó que el gobierno en turno quiere censurar las críticas en su contra. “A Morena ya no le gusta lo que ve en redes: le molestan la crítica y la parodia, y ahora quiere censurarlas. Pero los memes, la sátira y la crítica política también son libertad de expresión”, señaló.
Publicar un meme sobre el Gobierno ¿te llevará a la cárcel?
La pregunta que surge en medio del debate político es si la autoridad puede arrestar y sancionar a un usuario común o a los creadores de contenido por usar la identidad gráfica institucional en una parodia o meme que critica o se burla del gobierno. La respuesta es “depende”.
El artículo 403 Bis propuesto incluye dos conceptos que condicionan la sanción por el uso indebido de la identidad gráfica gubernamental: que se realice a “escala comercial” y que tenga como finalidad “inducir a error o engaño”.
En este contexto, cabe aclarar que la iniciativa legislativa define el término “escala comercial” mediante la incorporación del nuevo artículo 406 Ter. Este precepto precisa que el concepto se refiere al uso indebido de un derecho protegido por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ya sea mediante una conducta que busca obtener un beneficio económico a través de la explotación directa del bien protegido, o de manera indirecta, al obtener una ventaja competitiva en actividades comerciales, industriales o de servicios.
