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La representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana, Ana María Díaz, destacó que la Métrica de Justicia Abierta constituye una herramienta para identificar avances y oportunidades de mejora en el sistema de justicia dominicano, mediante el uso de evidencia para orientar las decisiones institucionales.
Durante la presentación oficial de la iniciativa, la representante del organismo internacional explicó que la justicia no se define únicamente por sus normas y procedimientos, sino también por su capacidad de responder a las necesidades de las personas, garantizar sus derechos y ofrecer soluciones oportunas y eficaces.
“Desde esta perspectiva, la justicia abierta va más allá de publicar información. Supone instituciones que rinden cuentas, que explican sus decisiones, que escuchan a la ciudadanía y colaboran para mejorar sus servicios”, expresó.
Ana María señaló que la Métrica ofrece una base de evidencia para evaluar cuatro dimensiones fundamentales: transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración, cuyo análisis permitirá orientar decisiones y promover mejoras concretas en el conjunto del ecosistema de justicia.
Asimismo, indicó que la iniciativa ha sido resultado de un proceso progresivo de construcción y colaboración, que incluyó el desarrollo metodológico, la socialización de la herramienta y la presentación de hallazgos preliminares en julio ante representantes de 23 instituciones.
En ese sentido, consideró que el lanzamiento de la Métrica representa un nuevo paso para disponer de un instrumento validado que establezca una referencia común para orientar la mejora institucional y dar seguimiento a los avances.
La representante residente vinculó esta iniciativa con la agenda del PNUD para fortalecer la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano sostenible, así como con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 de la Agenda 2030, que promueve sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia y la construcción de instituciones eficaces, responsables e inclusivas.
Subrayó que una justicia verdaderamente centrada en las personas requiere información comprensible y accesible, servicios que respondan a distintas necesidades y mecanismos que permitan a quienes enfrentan mayores barreras ejercer sus derechos y participar en las decisiones que les afectan.
“La apertura institucional adquiere su sentido más profundo cuando reduce las distancias entre las instituciones y las personas”, afirmó.
Cooperación institucional
Díaz sostuvo que la Métrica de Justicia Abierta forma parte de la cooperación que el PNUD mantiene con el Poder Judicial dominicano para acompañar una transformación más amplia del sistema de justicia, fortaleciendo el uso de evidencia para la toma de decisiones y promoviendo un enfoque centrado en las personas.
También destacó que el valor de esta alianza radica en conectar las iniciativas y herramientas desarrolladas con las prioridades institucionales de largo plazo, a fin de generar capacidades sostenibles que contribuyan a mejorar el acceso a la justicia.
Durante su intervención, reconoció el liderazgo del magistrado Luis Henry Molina en el fortalecimiento de la transparencia y la apertura institucional, y consideró que la disposición de las entidades participantes a someterse a este ejercicio constituye una muestra de madurez democrática.
La Métrica de Justicia Abierta se desarrolla con la participación del Poder Judicial dominicano y el acompañamiento del PNUD y del World Justice Project (WJP), tomando como referencia la experiencia metodológica desarrollada en México y adaptándola al contexto institucional de República Dominicana.
