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El Gobierno de Perú puso en marcha un operativo para retirar 48 estaciones y 43 antenas ilegales de telecomunicaciones instaladas en las inmediaciones de varios centros penitenciarios, con el objetivo de impedir que los internos mantengan comunicaciones no autorizadas con personas fuera de las cárceles.
La presidenta peruana, Keiko Fujimori, anunció este lunes el inicio de las intervenciones, que buscan desarticular las redes de comunicación utilizadas presuntamente por integrantes de organizaciones criminales para coordinar actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.
La mandataria supervisó el procedimiento desde el Palacio de Gobierno, mientras las autoridades ejecutaban las primeras acciones en un centro penitenciario de la provincia del Callao, ubicada junto a Lima.
Según explicó, las instituciones responsables realizaron previamente un proceso de identificación de las señales que llegaban a las prisiones y que habrían permitido establecer comunicaciones clandestinas.
Perú inicia desmantelamiento de antenas ilegales en cárceles
Fujimori informó que las autoridades obtuvieron una orden judicial para intervenir y retirar las estructuras de telecomunicaciones identificadas en las inmediaciones del establecimiento penitenciario del Callao.
La intervención constituye la primera fase de un plan que inicialmente abarcará cuatro centros de reclusión.
Durante los procedimientos, los equipos de seguridad también tienen previsto incautar materiales y dispositivos relacionados con las comunicaciones no autorizadas de los internos.
La presidenta aseguró que estas acciones se extenderán progresivamente a otras prisiones del país, acompañadas de mecanismos permanentes de supervisión.
«No van a haber señales ilegales, se va a proceder en todos los penales, en forma constante y el monitoreo también», afirmó Fujimori.
Gobierno busca frenar operaciones criminales desde las prisiones
El operativo forma parte de las medidas impulsadas por el Ejecutivo peruano para combatir el crimen organizado, especialmente los delitos de extorsión y sicariato que afectan a distintas ciudades del país.
Las autoridades han identificado estas actividades como una amenaza para la seguridad ciudadana, debido a los constantes ataques y amenazas contra trabajadores del transporte, artistas y comerciantes.
Con el retiro de las antenas y estaciones clandestinas, el Gobierno pretende limitar las posibilidades de que los cabecillas de organizaciones delictivas continúen coordinando operaciones desde los centros penitenciarios.
La administración peruana sostiene que recuperar el control de las comunicaciones dentro de las cárceles constituye una prioridad de su estrategia de seguridad.
Cabecillas criminales permanecen recluidos en el Callao
Entre los internos de alta peligrosidad recluidos en la Base Naval del Callao figura Jhonsson Cruz, señalado como líder de la organización criminal Los Pulpos.
Cruz fue capturado en Bolivia en septiembre y posteriormente trasladado a Perú, donde quedó bajo custodia en el establecimiento de máxima seguridad.
Las autoridades lo vinculan con la dirección de actividades criminales, incluido el secuestro de un empresario minero en Trujillo y el asesinato de cuatro de sus acompañantes.
En la misma prisión también permanece recluido Erick Mendoza, conocido como «El Monstruo», otro presunto cabecilla criminal capturado en Paraguay en septiembre de 2025.
La Base Naval del Callao fue creada para mantener bajo estrictas medidas de seguridad a algunos de los reclusos considerados más peligrosos del país, incluidos dirigentes de organizaciones terroristas.
Con estas intervenciones, el Gobierno peruano busca reforzar la vigilancia penitenciaria y evitar que las instalaciones carcelarias sean utilizadas como centros de coordinación de actividades delictivas.
