Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó a un tribunal de el distrito judicial de Santo Domingo Oeste la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Marino Antonio Muñoz Concepción y/o Ronny Muñoz, quien enfrenta cargos de tráfico internacional de armas.
El imputado es padre de la pastora Elisa Muñoz de 32 años de edad, acribillida junto a su esposo Joel Eusebio Díaz Ferrer de 35 años, también pasator, quienes resultaron muertos la noche del 30 de marzo de 202.
Después de ser interceptados por una patrulla de la Policía Nacional que la emprendió a tiros contra el vehículo en que se desplazaban cuando retornaban a Santo Domingo luego de participar en un culto religioso en Villa Altagracia.
El comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República indica que durante la investigación del caso por el que es procesado Marino Antonio Muñoz Concepción, el organo investigativo ha establecido que armas de fuego de alto calibrefueron enviadas desde Pensilvania bajo el nombre de “Andrea”.
para ser recibidas en el país a cargo de Ronny Muñoz, y que presuntamente serían utilizadas por el imputado el próximo 2 de marzo, día en que se conocerá audiencia en contra de los agentes policiales que segaron la vida de su hija y a su yerno, quienes son procesados por el hecho y cumplen prisión preventiva en diferentes jurisdicciones del país.
El MP asegura que Muñoz Concepción adquirió un fusil AM-15, color negro, calibre 5.56MM Multi Cal, serie 20169667 y una pistola marca XD-9, color negro, calibre 9MM, serie D211756, junto a dos cargadores y varias cápsulas calibre 9MM.
Ante los hechos señalados, el Ministerio Público de esta jurisdicción presenta cargos en contra del imputado Marino Antonio Muñoz Concepción y/o Ronny Muñoz por infringir los tipos penales 6 numeral 1 y 2, 66 párrafo V 68, 70, 71, 73 y 77 de Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales relacionados.
La fiscal de Villa Altagracia Dalma Díaz estuvo presente en la audiencia en la que se conocería la coerción a Muñoz Concepción, donde conversó con el fiscal investigador a fines de conocer detalles del caso y reforzar la seguridad en su jurisdicción.
El juez Kelvys Henríquez, de la Oficina Judicial de Srvicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó el conocimiento de la solicitud de coerción hasta el próximo miércoles 15 de febrero, a partir de las 12:00 del mediodía, luego de acoger este sábado una solicitud de la defensa del procesado, que pidió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público, representado por Lenin Hernández, fiscal investigador de la Unidad de Casos Complejos, y Andri de los Santos, del Departamento de Litigación Inicial, sostiene que por la gravedad del caso y las evidencias obtenidas luego de iniciada la investigación debe imponerse la prisión preventiva solicitada contra el imputado.
