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SANTO DOMINGO — La periodista Pamela Rojas presentó una investigación periodística en el programa radial Politikal, donde sacó a la luz una serie de graves irregularidades administrativas, fiscales y técnicas por parte de las autoridades municipales y gubernamentales tras el fallecimiento de una menor de edad al caerse de un juego mecánico en Hato Mayor.
La investigación establece que el 25 de agosto el alcalde de Hato Mayor, Amado de la Cruz, emitió la certificación de permiso para que la empresa Estévez Ramos Park operara durante las fiestas patronales. Por dicho permiso, la alcaldía cobró la suma de RD$ 125,000. Sin embargo, Rojas denunció que este dinero no fue sometido al proceso de fiscalización correspondiente ni fue ingresado a través de la tesorería municipal.
«Ese dinero no pasó por el proceso de fiscalización que debía pasar en la alcaldía… Eso fue al bolsillo del alcalde y lo digo responsablemente yo porque eso fue lo que pasó», aseveró la periodista al mostrar que no existe un recibo oficial de caja ni registro en la dirección de recaudaciones. Asimismo, cuestionó que la máxima autoridad municipal ni siquiera se acercara a la familia de la víctima para ofrecer el pésame.
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De acuerdo con la investigación sustentada en documentos oficiales de la Alcaldía de Hato Mayor, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, la operación de la feria mecánica se desarrolló en medio del incumplimiento de los procesos de fiscalización y con inspectores estatales que carecen de formación técnica para verificar la seguridad de las atracciones.
Sin inspectores capacitados en Interior y Policía
El informe periodístico salpicó de igual forma al Ministerio de Interior y Policía, entidad responsable del Departamento de Parques y Billares que dirige Marce Aníbal López Sepúlveda. Tras realizar solicitudes amparadas en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, la periodista recibió respuesta del director del COVA, Fermín Domínguez, quien calificó la intervención del ministerio como un mero trámite «administrativo».
El hallazgo más crítico de la solicitud de información radica en que el propio Ministerio de Interior y Policía admitió por escrito que no cuenta con personal capacitado para evaluar la seguridad estructural de los juegos mecánicos.
«En el Ministerio de Interior y Policía no constan evidencias documentales de capacitaciones especializadas recibidas por los inspectores para identificar irregularidades mecánicas o estructurales en las atracciones de los parques de diversiones», leyó Rojas citando la certificación oficial del ministerio.
A pesar de que un inspector ministerial otorgó el visto bueno a la feria a mediados de septiembre indicando que todo estaba en orden, un peritaje realizado posteriormente por la Policía Nacional tras la tragedia determinó que el asiento del juego metálico se desprendió por reparaciones inadecuadas, la estructura era improvisada, el pasador de seguridad estaba roto y existían cortocircuitos recurrentes por falta de mantenimiento preventivo.
Cuestionamientos de Pamela Rojas al proceso judicial
Rojas también señaló anomalías en la medida de coerción impuesta al propietario del parque, Simón María Estévez Ramos, a quien un juez otorgó una garantía económica de un millón de pesos. La comunicadora criticó que se aceptara como garante financiero al hijo del imputado, Johnny Estévez Cruz, pese a estar incluido en la querella formal interpuesta por los familiares de la menor.
Ante estos hallazgos, la periodista exigió la intervención del Ministerio Público para investigar a todos los funcionarios e inspectores involucrados.
«Todo el que puso la mano ahí, todo el que puso un cotejo, todo el que fue y miró debe responder ante el Ministerio Público y la Justicia Dominicana», enfatizó.
Contexto de la tragedia y la denuncia en Hato Mayor
El hecho que motivó la investigación periodística ocurrió el 18 de septiembre, cuando el vagón de un juego mecánico conocido como «la estrellita» se desprendió durante las fiestas patronales de Hato Mayor, resultando heridas dos niñas de 13 y 10 años, así como una prima de 21 años.
El 19 de septiembre se emitió una orden de arresto contra el dueño de la feria mecánica, ejecutándose su detención al día siguiente. Sin embargo, el 26 de septiembre, la niña de 10 años falleció en un centro médico a causa de politraumatismos severos derivados de la caída. Tras conocerse el fallecimiento y la posterior fijación de una garantía económica el 2 de octubre, la periodista Pamela Rojas inició un levantamiento de documentos que reveló la emisión de más de 1,400 cartas de ruta a ferias mecánicas en el país durante la última década sin que las autoridades cuenten con la capacitación técnica requerida para certificar la seguridad de los usuarios.
