Entre paredes agrietadas, temor a un posible desplome y espacios improvisados para impartir docencia, permanece la comunidad educativa de la escuela Isaías Franco Guerrero, en el sector Mojaramieto Social, del Ejido, cuyos representantes llevan ocho años reclamando la reconstrucción del plantel por considerar que representa un peligro para estudiantes y profesores.
La denuncia fue realizada por René Martínez, presidente de la unidad de base del centro educativo, quien advirtió que el deterioro de la infraestructura mantiene en condiciones de inseguridad a quienes permanecen en el recinto, debido a las numerosas grietas que presentan sus paredes.
Explicó que, ante el riesgo que representa la estructura, hace ocho años tuvieron que retirar a los niños de las aulas afectadas y trasladarlos a otros espacios para continuar las actividades docentes.
Martínez aseguró que han acudido en reiteradas ocasiones al Distrito Educativo 05, a la Regional de Educación y al Ministerio de Educación, además de entregar comunicaciones al presidente Luis Abinader, a quien también le plantearon la situación durante una visita a la zona, sin que hasta el momento hayan recibido una solución definitiva.
El dirigente educativo agregó que los estudiantes están recibiendo docencia en espacios que no reúnen las condiciones adecuadas, mientras enfrentan dificultades con los servicios sanitarios, donde, según denunció, se acumula agua y han ocurrido situaciones de riesgo para los menores.
Advirtió que la situación resulta todavía más preocupante porque el centro recibe niños de entre cuatro y cinco años, quienes requieren espacios seguros y condiciones apropiadas para su desarrollo y aprendizaje.
La profesora Malaquia Padilla Cabrera también forma parte de la comunidad educativa que enfrenta esta problemática, en un plantel que cuenta con una matrícula superior a los 300 estudiantes.
Los representantes del centro reiteraron su llamado al presidente Abinader y a las autoridades del Ministerio de Educación para que dispongan la reconstrucción de la escuela y eviten que el deterioro de la infraestructura termine provocando una tragedia.
La comunidad educativa espera que su reclamo, sostenido durante ocho años, se traduzca finalmente en una intervención que garantice la seguridad de los estudiantes y del personal docente.




