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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció la aprobación de un decreto con nuevas medidas de seguridad para combatir los actos violentos registrados durante manifestaciones en Milán y otras ciudades del país, que incluyen penas de hasta cinco años de prisión, multas de hasta 20,000 euros y mayores responsabilidades económicas para los padres de menores involucrados en hechos vandálicos.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la mandataria condenó los destrozos ocasionados en establecimientos comerciales, los daños a propiedades públicas y privadas y las agresiones contra miembros de las fuerzas del orden.
«Son escenas inaceptables que nadie puede pensar en minimizar o justificar», expresó Meloni, al explicar las disposiciones aprobadas por el Consejo de Ministros para prevenir nuevos episodios de violencia.
Entre las principales medidas figura la creación del delito de participación violenta en manifestaciones, que contempla sanciones para quienes, formando parte de grupos de cinco o más personas, participen en acciones como el lanzamiento de piedras, petardos u otros objetos que pongan en peligro la seguridad ciudadana.
Según explicó, quienes incurran en estas conductas podrían enfrentar hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 20,000 euros. Las penas aumentarían en determinadas circunstancias, como actuar con el rostro cubierto o causar lesiones a otras personas.
Padres deberán responder por daños causados por menores
Otra de las disposiciones anunciadas establece que los responsables de causar daños materiales deberán asumir los costos correspondientes, incluso cuando se trate de menores de edad.
«Quien rompe, paga. Y si quien rompe es un menor, pagan sus padres», afirmó la primera ministra.
Meloni detalló que, cuando los daños afecten bienes públicos, las autoridades podrán exigir el pago mediante procedimientos administrativos. En el caso de propiedades privadas, los afectados podrán acudir a la justicia para reclamar una compensación económica.
Asimismo, indicó que el decreto introduce cambios relacionados con la responsabilidad de los adolescentes de entre 14 y 18 años, al establecer una presunción de capacidad para comprender sus acciones, salvo prueba en contrario.
La mandataria también anunció que la detención preventiva, hasta ahora aplicable a adultos en los supuestos mencionados, podrá extenderse a menores de edad.
Refuerzan seguridad en Milán con 500 militares
Como parte de las acciones anunciadas, Meloni informó que 500 militares adicionales serán desplegados en Milán hasta finales de año para apoyar las labores de seguridad junto a policías y carabineros.
También señaló que se reforzará el sistema de justicia juvenil mediante la incorporación de más magistrados y el aumento de plazas en los centros destinados a menores.
De acuerdo con las cifras ofrecidas por la primera ministra, los recientes disturbios dejaron cerca de 200 agentes heridos y daños materiales estimados en aproximadamente un millón de euros solamente en Milán.
Además, Meloni aseguró que las fuerzas de seguridad habían detenido a 330 personas, de las cuales, según sus declaraciones, aproximadamente la mitad eran de origen extranjero, habían nacido fuera de Italia o pertenecían a familias extranjeras.
Meloni manifestó especial preocupación por la participación de adolescentes en los incidentes y afirmó que el menor de los identificados por las autoridades tenía apenas 11 años.
Según explicó, numerosos jóvenes habrían acudido a las calles tras convocatorias difundidas mediante videos en redes sociales, donde algunos participantes también grababan los actos de destrucción y robos.
Meloni defiende el derecho a protestar pacíficamente
Durante su intervención, la jefa del Gobierno italiano insistió en la necesidad de diferenciar entre las manifestaciones pacíficas y los actos violentos.
«Devastar y robar no es protesta, es criminalidad», sostuvo, al advertir que ninguna causa política o situación social puede justificar la destrucción de comercios, las agresiones contra agentes policiales o los daños a las ciudades.
La mandataria reconoció las dificultades económicas que enfrentan numerosos jóvenes, entre ellas la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la incertidumbre sobre el futuro. Sin embargo, afirmó que estas circunstancias no deben utilizarse como justificación para recurrir a la violencia.
También aseguró que su Gobierno mantiene el diálogo con sectores que realizan protestas pacíficas, entre ellos agricultores, transportistas y trabajadores que atraviesan situaciones económicas difíciles.
Finalmente, Meloni pidió a las fuerzas políticas condenar los episodios violentos sin distinciones y reiteró el compromiso de su administración de proteger tanto a quienes ejercen su derecho a manifestarse como a los ciudadanos y trabajadores afectados por los disturbios.
«Manifestarse es un derecho, incendiar nuestras ciudades no lo es», concluyó.
