La batalla entre el ministro Félix Bolaños y el juez Juan Carlos Peinado deja al descubierto hasta qué punto la instrucción del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se ha convertido en un escenario de máxima tensión institucional. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido cerrar la vía disciplinaria abierta por las quejas del titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pero el contenido de esos escritos revela un enfrentamiento cargado de reproches sobre la forma de actuar del magistrado durante el interrogatorio al que fue sometido como testigo.
Bolaños trasladó al órgano de gobierno de los jueces un total de cinco escritos en los que recopilaba 19 episodios que, a su juicio, podían constituir irregularidades. En ellos, según señala El País, describía desde decisiones procesales que consideraba cuestionables hasta comportamientos del juez durante la declaración que interpretó como intimidatorios o impropios. El CGPJ, sin embargo, concluyó que algunas actuaciones podían ser discutibles desde un punto de vista jurídico, pero no alcanzaban el nivel necesario para una sanción disciplinaria.
El choque se produjo en el marco de la investigación contra Begoña Gómez, una causa que desde su inicio ha generado una fuerte controversia política y judicial. Peinado citó a Bolaños para preguntarle por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Gómez y también investigada en el procedimiento. La comparecencia, celebrada en abril de 2025, estuvo precedida por un intercambio de escritos entre el ministro y el juez que ya anticipaba una relación marcada por la desconfianza.
Bolaños defendió que podía declarar por escrito al considerar que la ley permite esa fórmula a determinados miembros del Gobierno cuando los hechos sobre los que son preguntados están relacionados con sus responsabilidades públicas. Peinado rechazó esa posibilidad al entender que la contratación investigada no se produjo cuando Bolaños era ministro, sino cuando ocupaba otro cargo en Presidencia. Además, estableció condiciones para que la declaración pudiera celebrarse finalmente en La Moncloa.
Un interrogatorio convertido en un pulso institucional
Uno de los puntos más llamativos de las quejas del ministro fue la descripción del ambiente durante la comparecencia. Bolaños aseguró que el juez realizó comentarios y advertencias que interpretó como una forma de presión. Entre ellos, destacó la referencia de Peinado a que su situación procesal podía cambiar durante el interrogatorio, una posibilidad que el ministro consideró una advertencia intimidatoria porque, al ser aforado, su eventual imputación correspondería al Tribunal Supremo.
El dirigente socialista también puso el foco en detalles poco habituales de la diligencia. Según su versión, el juez solicitó que se instalara una tarima para situar su mesa en una posición más elevada respecto al resto de participantes. Para Bolaños, aquella petición carecía de justificación normativa y tenía un componente simbólico innecesario en un acto que debía desarrollarse bajo criterios de neutralidad y formalidad judicial.
Otro de los episodios señalados por el ministro fue una supuesta corrección sobre su comportamiento durante la declaración. Bolaños afirmó que Peinado llegó a censurar sus expresiones, la forma en la que respondía e incluso sus gestos, hasta el punto de reprocharle que esbozara una sonrisa. En sus escritos ante el CGPJ, interpretó estos episodios como una muestra de desconsideración personal durante un procedimiento judicial.
La lista de reclamaciones no se limitó al momento del interrogatorio. Bolaños también cuestionó cómo se comunicó su citación, al considerar irregular que conociera la convocatoria a través de los medios antes de recibir formalmente la notificación. Asimismo, criticó la difusión de información sobre el dispositivo de traslado de la comisión judicial a La Moncloa, al entender que podía haber comprometido las medidas de seguridad previstas.
El CGPJ rechaza sancionar al juez, pero reconoce la controversia
La decisión del CGPJ supone un cierre institucional a la reclamación disciplinaria, aunque no elimina la polémica generada alrededor de la actuación de Peinado. El órgano consideró que las decisiones adoptadas por el instructor podían ser objeto de debate, pero no constituían infracciones merecedoras de castigo.
La resolución contó con una división interna entre los vocales. Mientras la mayoría de la comisión permanente respaldó el archivo, algunos representantes progresistas defendieron una interpretación distinta. Para Argelia Queralt y Bernardo Fernández, los hechos denunciados no debían analizarse de forma aislada, sino como un conjunto de actuaciones que podrían haber transformado una dirección estricta del interrogatorio en un trato percibido como intimidatorio o desconsiderado.
El caso refleja una de las tensiones más visibles entre política y justicia en los últimos años. La investigación sobre Begoña Gómez ha provocado un enfrentamiento constante entre quienes defienden la independencia judicial y quienes denuncian que determinadas actuaciones del procedimiento han tenido una dimensión política.
Para Bolaños, las quejas buscaban proteger la imagen de la institución judicial y reclamar una respuesta ante lo que consideraba una conducta impropia. Para el CGPJ, en cambio, los hechos expuestos no superaban el umbral necesario para abrir un expediente sancionador.
Más allá del desenlace disciplinario, el episodio deja una pregunta abierta sobre los límites del papel de un juez instructor en procedimientos de gran impacto público: hasta dónde puede llegar la firmeza en un interrogatorio sin que la autoridad judicial sea percibida como una actitud de presión. La polémica sobre Peinado y Bolaños se cierra en el terreno administrativo, pero continúa alimentando el debate sobre la relación entre justicia, política y opinión pública. @mundiario
