La Dominicana Ana Julia Quezada tras la cadena perpetua

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La asesina confesa del niño de ocho años, Ana Julia Quezada, lleva dos días en espera del desenlace del caso de Gabriel Cruz. El jurado sigue reunido buscando las repuestas a las cuestionantes planteadas por el juez de la segunda sección de la audiencia de Almería.

De acuerdo a una publicación del diario el País, el pleno compuesto por nueve miembros decidirá si Quezada será recluida en una cárcel sin fecha de salida ya que la Fiscalía y la acusación en su contra coinciden al solicitar la prisión permanente revisable para la mujer de 45 años.

De dictarse dicha condena, Quezada sería la primera mujer en recibir una pena equivalente a cadena perpetua.

Si el jurado considera que la dominicana cometió el crimen con alevosía y ensañamiento, esta solo lograría salir de la cárcel si demuestra que se ha rehabilitado, lo cual no ocurriría antes de cumplir 25 años de condena.

¿Qué es la prisión permanente revisable?

La prisión permanente revisable está prevista para los autores de “crímenes que causan una especial repulsa social” o “delitos de excepcional gravedad”.

Esto incluye a los que matan a niños, personas con discapacidad, asesinos en serie y agresores sexuales que acaban con la vida de su víctima. También a los responsables de atentados terroristas o de la muerte del rey o su heredero.

Esta pena fue aprobada en 2015, incorporada a la reforma del Código Penal y recurrida inmediatamente por la oposición ante el Tribunal Constitucional.

Cuatro años después, no se ha pronunciado, según explica el periódico español.

¿Qué es la prisión permanente revisable?

La prisión permanente revisable está prevista para los autores de “crímenes que causan una especial repulsa social” o “delitos de excepcional gravedad”.

Esto incluye a los que matan a niños, personas con discapacidad, asesinos en serie y agresores sexuales que acaban con la vida de su víctima. También a los responsables de atentados terroristas o de la muerte del rey o su heredero.


Esta pena fue aprobada en 2015, incorporada a la reforma del Código Penal y recurrida inmediatamente por la oposición ante el Tribunal Constitucional. Cuatro años después, no se ha pronunciado, según explica el periódico español.

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