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Una jueza federal de California ordenó bloquear la mayor parte de los operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionados con investigaciones sobre presunto fraude electoral en nueve estados de Estados Unidos, según un fallo emitido el miércoles y divulgado este jueves.
La decisión de la magistrada Araceli Martínez-Olguín restringe las operaciones de campo y las entrevistas presenciales vinculadas con procesos electorales en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
La medida se produce después de que agentes federales realizaran, durante las últimas semanas, investigaciones en las que interrogaron a votantes registrados utilizando información procedente de padrones electorales oficiales y bases de datos comerciales.
En su resolución, la jueza cuestionó la fiabilidad de algunas de esas fuentes de información utilizadas para identificar posibles irregularidades.
Fraude electoral: restricciones
La demanda que dio origen al fallo fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United, la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara.
En su decisión de 19 páginas, Martínez-Olguín aclaró que las investigaciones federales sobre posibles casos de voto ilegal no son, por sí mismas, contrarias a la ley.
Sin embargo, estableció restricciones para evitar que las actuaciones de los agentes federales puedan intimidar a ciudadanos estadounidenses o afectar su participación en los procesos electorales.
La orden relacionada con el presunto fraude electoral se aplica específicamente a las operaciones en las que los agentes del DHS tengan motivos razonables para considerar que las personas investigadas son ciudadanos estadounidenses.
Fraude electoral y votantes
Beau Tremitiere, abogado de la organización Protect Democracy, que representa a los demandantes, valoró la resolución judicial y destacó la importancia de proteger la participación ciudadana.
El jurista sostuvo que la decisión recuerda que, dentro del sistema democrático estadounidense, la autoridad fundamental corresponde a los ciudadanos y no al Gobierno.
La resolución establece límites a determinadas actuaciones federales relacionadas con investigaciones electorales, sin impedir que las autoridades continúen investigando posibles infracciones conforme a la legislación vigente.
Fraude electoral: posible apelación
La jueza concedió un plazo hasta este viernes para la entrada en vigor de la orden, lo que permite a la Administración del presidente Donald Trump presentar una apelación.
Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró al diario The Washington Post que la institución no tiene previsto investigar a votantes que considere ciudadanos estadounidenses.
La decisión judicial se produce en el contexto de las elecciones legislativas de medio término de 2026, mientras continúa el debate sobre las investigaciones federales relacionadas con el presunto fraude electoral y la protección de los derechos de los votantes.
