La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia identificó a 10 generales retirados del Ejército como «máximos responsables» de la «expansión nacional» de las ejecuciones de civiles entre 2005 y 2008, casos conocidos en el país como ‘falsos positivos’.
«La Sala de Reconocimiento de Verdad pudo esclarecer judicialmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, 2.702 personas fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como bajas en combate», expresó la JEP en un comunicado.
Según el alto tribunal, «estos crímenes ocurrieron en 1.625 hechos y dejaron 44 personas sobrevivientes».
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De esos totales, «2.077 víctimas y 34 sobrevivientes corresponden al periodo comprendido entre 2005 y 2008».
Esto en un contexto en el que el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP documentó 7.961 víctimas con nombre propio entre 1990 y 2016 a partir de la integración y depuración de todas las bases de datos oficiales y no gubernamentales disponibles, de los 1.018 informes entregados a la JEP, de las 801 versiones voluntarias y la evidencia acopiada durante siete años de investigación.
El de ‘falsos positivos’ es uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano, en el que miembros del Ejército hicieron desaparecer y asesinaron a inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras con el fin de obtener premios y ascensos.
La mayoría de estos crímenes se cometieron entre 2002 y 2008, cuando el presidente de Colombia era Álvaro Uribe.
La importancia de la identificación
Con esta identificación de los 10 generales retirados del Ejército como «máximos responsables» de estos crímenes, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la etapa de investigación en el esclarecimiento de las responsabilidades en el país del caso que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado.
Los uniformados identificados son los generales retirados Luis Felipe Paredes Cadena, Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiróz y José Joaquín Cortés Franco, que aceptaron sus responsabilidades.
Los tres restantes son los generales retirados Mario Montoya Uribe, que fue comandante del Ejército; Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández, que no reconocieron su responsabilidad en los ‘falsos positivos’.
«Sin embargo, tras valorar sus actuaciones procesales previas en las que manifestaron de manera expresa y reiterada que no reconocerían responsabilidad por los hechos y conductas que les fueron atribuidos por la JEP, la sala remitió sus procesos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde se adelantará un proceso adversarial», agregó la información.
El juicio adversarial es un proceso de la JEP que se activa cuando un compareciente no reconoce su responsabilidad o no aporta verdad plena a la investigación.
Si el compareciente es hallado culpable en este juicio, puede enfrentar una pena ordinaria de hasta 20 años de prisión y perderá la posibilidad de recibir sanciones propias restaurativas de la JEP para quienes reconocen verdad y responsabilidad.




