Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de presuntamente recibir la suma de US$10,000 de una persona bajo investigación, mientras representaba al órgano acusador en casos de corrupción.
La solicitud fue depositada la tarde de este domingo en la secretaría del juez presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César Cano Alfau, con el objetivo de que se apodere una de las tres salas del tribunal para conocer el proceso.
Se informó que la audiencia fue fijada para este lunes a las 2:00 de la tarde, donde se conocerá la solicitud de medida de coerción contra el fiscal de carrera.
De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría recibido el dinero mientras ejercía funciones dentro del Ministerio Público, lo que constituye una falta grave en el ejercicio de sus responsabilidades.
El exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán, es la persona que el Ministerio Público imputa de pagar los 10 mil dólares al fiscal sometido a la justicia por recibir el soborno.
Así lo confirma la autorización de allanamientos a la morada del miembro del Ministerio Público, de la jueza de Instrucción de la Corte de Apelación que se designó para control de la investigación contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien fue detenido el pasado viernes.
El órgano acusador dice que investiga a Canaán por el fraude a la ARS estatal que supuestamente asciende a más de 15 mil millones pesos, por el que ya hay detenidos 10 exfuncionarios y empresarios, incluido su director Antonio Hazim.
El arresto se produjo la noche del viernes 27 de marzo, de acuerdo con un comunicado de prensa.
Al fiscal imputado, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), se le ocupó la suma de los US$10,000 que recibió en la entrega controlada autorizada por un juez competente.
Las autoridades indicaron que el caso forma parte de los esfuerzos por garantizar la transparencia y sancionar cualquier acto de corrupción dentro de las instituciones del Estado.
