RD.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, aseguró que los despidos indiscriminados son un atentado contra principios sagrados del Estado.
Castaños advirtió que el período que abarca la llegada de un nuevo gobierno elegido en recientes elecciones y la salida del gobierno que termina “da lugar a una serie de prácticas en el seno de la administración pública que desdicen de la calidad de la democracia dominicana”.
El titular de Finjus refirió un reciente editorial de este medio, del pasado miércoles, en el que se indica que las amenazas y anuncios de despido contra los servidores públicos representan una afrenta a la tradición civilista de la que debería estar revestido el Estado dominicano.
“No solo porque las leyes recientes de función pública y la propia Constitución prohíben la práctica de despidos a servidores públicos de carrera y protegen a quienes realizan una labor meritoria, los despidos indiscriminados son un atentado contra principios sagrados del Estado”, explicó Castaños.
Castaños subrayó que todo el país saluda que las nuevas autoridades gubernamentales sometan a la Administración Pública al escrutinio “para determinar quiénes se han aprovechado de los recursos del Estado en forma ilegal, en cualquiera de las formas, que van desde las botellas hasta quienes han distraído recursos para su provecho personal o particular”. Sin embargo, advirtió que lo que no es correcto, es, refiriendo al editorial de elCaribe, “desconocer los límites legales y los procedimientos incluidos en sus reglamentos para aplicar medidas que tendrán como resultado la intranquilidad, el desasosiego y el malestar general”.
Castaños manifestó que, por los momentos en que el país está, la población “necesita de tolerancia y paciencia para enfrentar los agudos problemas generados por la pandemia y la crisis económica”. “Bien harían las nuevas autoridades si llaman la atención a quienes están pregonando amenazas de despidos y retaliaciones innecesarias”, agregó en ese sentido.
De su lado, el viceministro de la Administración Pública y experto en derecho administrativo, Gregorio Montero, advirtió que en el sector público hay 90 mil empleados de carrera que no pueden ser cancelados a menos que incurran en faltas graves en el ejercicio de funciones.
Montero dijo que en caso de que a estas personas se les vulneren sus derechos, pueden recurrir al Tribunal Superior Administrativo (TSA). Recordó que estos empleados están protegidos por la el Artículo 143 de la Constitución, donde se establece la no sustitución de empleados de carrera sin justificarse, y la Ley de Función Pública 41-08.
“La destitución de un funcionario de carrera sin causas establecidas en la ley se considera un acto inconstitucional. Es decir, la propia Constitución establece una garantía y la propia Constitución establece como uno de sus principios de garantía la tutela judicial efectiva”, argumentó Montero en una entrevista en el programa Propuesta de la Noche por Digital 15.
El funcionario explicó que en adición a esos derechos constitucionales, que incluye la acción de amparo, la Ley de Función Pública establece que los empleados públicos de carrera que sientan que uno de sus derechos ha sido vulnerado “pueden acceder al TSA conociendo un recurso contencioso administrativo que procure anular ese acto violatorio de sus derechos”.
Afirma empleados del Estado serán reubicados
El presidente electo, Luis Abinader, aseguró que los empleados que trabajan en las instituciones que serán eliminadas o reestructuradas y que brindan un servicio al país no serán cancelados de los puestos de trabajo. “Todo ese personal de esas instituciones nosotros lo vamos a relocalizar en diferentes áreas, todos los que tienen el servicio administrativo, no importa que sean peledeístas y no importa que sean de otros partidos, pero hay que eficientizar el gobierno”, dijo el próximo presidente.
Reforma del sector público se inició en 2010
El Viceministro de Administración Pública Montero se refirió también a los anuncios de las autoridades electas en las elecciones del pasado 5 de julio sobre supresión, reestructuración y fusión de instituciones públicas. Recordó que “el proceso de reforma del sector público se inició en este país en el 2010 cuando la Constitución dictada entonces planteó por primera vez en toda la historia republicana los principios sobre los cuales debía diseñarse y desarrollarse la administración pública”.
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