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SANTO DOMINGO. — Durante su participación en el programa radial Politikal, el jurista penalista Félix Portes abordó con severidad dos de los temas de mayor relieve jurídico y social en la República Dominicana: el incremento de las muertes a manos de la Policía Nacional mediante los denominados «intercambios de disparos» y el manejo procesal otorgado por el Ministerio Público a los hermanos Espaillat en el expediente relativo al colapso en la discoteca Jet Set.
Rechazo a la «pena de muerte selectiva» y exigencia de contrapesos institucionales
Al abordar los operativos policiales que han resultado en la muerte de más de una treintena de personas en los últimos meses, Portes manifestó una «gran decepción» ante el silencio de la alta gerencia del Ministerio Público y la falta de fiscalización sobre el uso de la fuerza letal por parte de los agentes.
«Me alarma que van más de 30 o 32 personas que han sido objeto de ‘intercambios de disparos’ entre comillas y lamentablemente la cabeza del Ministerio Público no ha dicho esta boca es mía», enfatizó el profesional del derecho.
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El abogado recordó que la República Dominicana se rige bajo un Estado de derecho donde no existe la pena de muerte, por lo que la erradicación del crimen no puede fundamentarse en la violación de los derechos humanos o en la normalización de ejecuciones extrajudiciales. Alertó que este tipo de actuaciones corren el riesgo de institucionalizarse de forma arbitraria, recordando tragedias pasadas como la ocurrencia en Villa Altagracia con la muerte de dos pastores.
No obstante, Portes marcó una clara distinción entre los abusos policiales y el derecho legítimo de los agentes a defenderse ante agresiones armadas directas:
«El delincuente que enfrente a la policía debe saber que tiene su consecuencia y el policía está avalado por la Constitución y la ley para eso… Lo que me refiero es a aquellas personas, como salió en los medios, que dos jovencitos de menos de 18 años estaban durmiendo en su casa y les dieron muerte. Esas son las situaciones que entiendo que no son correctas», argumentó.
Asimismo, calificó estas muertes como una forma de «pena de muerte selectiva» que recae prioritariamente sobre los sectores más vulnerables de la población, en contraste con los procesados por grandes desfalcos de recursos públicos que no enfrentan este tipo de desenlaces. Por ello, reclamó el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos (check and balances) en el que el Ministerio Público supervise activamente que la labor policial no conculque las garantías constitucionales.
Críticas al Ministerio Público por favorecer a los hermanos Espaillat en el caso Jet Set
En relación con el proceso judicial seguido por la tragedia de la discoteca Jet Set, Félix Portes criticó la falta de severidad mostrada inicialmente por el órgano procesal en comparación con su accionar habitual en otros litigios.
Según explicó el jurista, mientras que el Ministerio Público suele acusar con multiplicidad de tipos penales e imputaciones máximas en la mayoría de los expedientes, en el caso Jet Set acusó inicialmente bajo el tipo de homicidio involuntario, mostrando una postura inusualmente garantista y condescendiente hacia los hermanos Espaillat.
«En este caso tiraron un ‘flycito al catcher’… Cuando ellos calificaron el caso de esa forma, ya los hermanos Espaillat no necesitaban abogados, porque el Ministerio Público en ese caso ya estaba fungiendo como abogado de ellos», aseveró Portes.
El especialista en derecho penal sostuvo que fue la querella privada promovida por la representación de las víctimas —la cual él encabezó originalmente— la que solicitó la recalificación jurídica a homicidio voluntario por dolo eventual. Esta solicitud derivó en la variación dispuesta por el juez de la instrucción, decisión que actualmente se encuentra recurrida en apelación por la defensa bajo alegatos de vulneración de derechos constitucionales.
Respecto a la reparación patrimonial de las víctimas, Portes detalló que 33 de sus 34 representados originales arribaron a transacciones económicas satisfactorias con la parte imputada. Asimismo, reveló que mantiene una demanda patrimonial ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra el Estado dominicano y diversas entidades públicas —como el Ayuntamiento y el MIVED— por la omisión en sus deberes de supervisión y prevención de la estructura.
