La polémica por el ático de lujo adquirido por la Comunidad de Madrid en el distrito de Chamberí suma un nuevo capítulo. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha iniciado ningún procedimiento ante el Ayuntamiento de Madrid para modificar el uso del inmueble y convertirlo en una oficina, pese a que esa fue la primera explicación ofrecida tras conocerse la compra del espacio de 485 metros cuadrados.
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz (PP), confirmó que el Consistorio no tiene constancia de ninguna petición relacionada con un cambio urbanístico en ese inmueble. “No hay ningún tipo de solicitud que haya entrado en este Ayuntamiento para ninguna modificación del uso actual”, aseguró tras la reunión de la Junta de Gobierno, insistiendo en que por ahora solo existen declaraciones públicas y no expedientes administrativos.
La falta de una solicitud formal abre nuevas dudas sobre el destino definitivo de una propiedad adquirida hace tres meses por una empresa pública de la Comunidad de Madrid. La explicación inicial apuntaba a que el ático sería utilizado como espacio de oficinas, pero esa posibilidad choca con las normas urbanísticas vigentes en la capital.
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 establece limitaciones específicas para este tipo de espacios. En los edificios donde se encuentra el inmueble, la planta ático no puede destinarse íntegramente a oficina ni a un uso dotacional vinculado a servicios públicos. Las actividades de este tipo están permitidas en otras zonas del edificio, como la planta baja, semisótanos o primera planta.
Este obstáculo urbanístico coloca a la Comunidad de Madrid ante la necesidad de redefinir el uso de una propiedad que ya ha generado controversia política. La única alternativa compatible con la normativa pasaría por mantener la condición residencial del ático y utilizar solo una parte como despacho profesional doméstico, una figura contemplada en las reglas municipales.
Del “despacho” oficial a las reuniones temporales: un cambio de explicación
La evolución del discurso del Ejecutivo autonómico ha alimentado las dudas sobre el objetivo real de la compra. Cuando El País reveló la operación, fuentes oficiales de la Comunidad señalaron que el ático se utilizaría como oficina. Posteriormente, Ayuso matizó que podría servir para alojar temporalmente a un equipo mientras se realizan obras en la sede de la Puerta del Sol.
Sin embargo, la presidenta madrileña modificó después el enfoque y habló de un espacio destinado a “reuniones temporales”. Ayuso defendió que disponer de un lugar para encuentros institucionales era una opción razonable y negó que el inmueble fuera a convertirse en su residencia personal.
“No es mi casa, no es mi residencia”, afirmó la presidenta, rechazando cualquier comparación con las residencias oficiales de otros dirigentes políticos. También dejó abierta la posibilidad de cambios internos en la organización del Gobierno regional, incluso planteando que algún consejero pudiera trasladarse al ático si finalmente fuera necesario.
Más allá del debate político, la operación plantea interrogantes sobre la planificación y transparencia de la adquisición. La compra se formalizó el pasado 14 de abril a través de Planifica Madrid, la empresa pública presidida por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, pero no aparecía inicialmente recogida en la documentación presupuestaria de la entidad para 2026.
Los planes públicos de Planifica Madrid contemplaban la venta de algunos inmuebles, pero no incluían la adquisición de una nueva propiedad de estas características. Tampoco se comunicó posteriormente una ampliación de crédito específica para afrontar la operación.
Un inmueble millonario bajo la lupa política
El precio exacto de la compra no ha sido detallado públicamente por la Comunidad de Madrid. Ayuso evitó responder a las preguntas sobre el coste durante su comparecencia, aunque las referencias del mercado inmobiliario apuntan a una cifra elevada por la ubicación y las características del inmueble.
El precio medio del metro cuadrado en la zona supera los 9.000 euros, lo que situaría la vivienda en varios millones de euros, una cantidad que podría incrementarse por una terraza de casi 200 metros cuadrados, un elemento poco habitual en este tipo de propiedades.
Ahora, la ausencia de una petición de cambio de uso deja una pregunta pendiente: qué función concreta tendrá finalmente un ático adquirido con fondos públicos y cuya utilización todavía no encaja con la primera explicación ofrecida por el Gobierno autonómico. Mientras la Comunidad insiste en que conoce la normativa municipal, el Ayuntamiento recuerda que cualquier modificación deberá ajustarse a las reglas urbanísticas de Madrid. @mundiario
