El 87% de las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos (SB) reconoce que los temas ambientales y climáticos pueden generar impactos financieros materiales, mientras que el 36% ya cuenta con responsables o estructuras organizacionales dedicadas a estos temas.
Los datos se desprenden de la segunda Encuesta sobre Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (RAS), que además revela que casi la mitad de las entidades se encuentra en proceso de crear las condiciones internas para realizar una gestión sistemática de los riesgos y oportunidades relacionados con el medio ambiente.
La encuesta también identificó avances en la adopción del Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), pues ya el 24% de las entidades reportó encontrarse en alguna fase de implementación de estos sistemas y un 29% indicó estar evaluando su adopción.
Asimismo, el informe traza una clara ruta de crecimiento para la infraestructura tecnológica y la evaluación crediticia. Actualmente, el 36% de las entidades se posiciona para liderar el desarrollo de mecanismos para clasificar sus carteras como verdes, mientras que un grupo pionero del 11% ya está marcando la pauta al integrar el análisis climático en la calificación de sus clientes, delineando el próximo estándar de modernización para el resto del sistema.
De forma general, los resultados reflejan una mayor conciencia sobre los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el sistema financiero dominicano, así como avances en la estructuración de políticas, responsabilidades y metodologías para abordarlos.
Como parte de este proceso, la SB continuará promoviendo el fortalecimiento de capacidades técnicas, el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de herramientas que faciliten la integración de criterios ASG en la gestión de riesgos y en los procesos de financiamiento, contribuyendo así a la resiliencia y sostenibilidad del sistema financiero nacional.
El levantamiento, aplicado al 100% de las entidades supervisadas, permitió evaluar el progreso del sector respecto a la línea base levantada en febrero de 2024 y medir su nivel de preparación para gestionar riesgos asociados al cambio climático y la sostenibilidad. La medición se estructuró conforme a los cuatro pilares del marco internacional de Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD): gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos.




