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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a dos mujeres imputadas por presunto tráfico de menores desde República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica, tras acoger una solicitud del Ministerio Público.
La medida fue dictada contra Adolfina Paula Pimentel y Cristian Del Carmen Rosario Rodríguez, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
En tanto, a la tercera imputada, Yaribel Cristina Esquea, el tribunal le impuso una garantía económica de RD$50,000 mediante una compañía aseguradora y presentación periódica ante el Ministerio Público.
El juez Leomar Cruz Quezada también declaró el proceso de tramitación compleja.
Según la solicitud de medida de coerción, las autoridades han identificado hasta el momento a tres adolescentes de 14 y 16 años como víctimas del presunto esquema. Todas se encuentran bajo cuidado y protección de las instituciones correspondientes.
Tráfico de menores: investigación
La investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Fiscalía de Santo Domingo Este, la Unidad Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.
De acuerdo con el expediente presentado por el órgano acusador, las imputadas estarían vinculadas a una presunta operación de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas que incluía el traslado de adolescentes por vía aérea mediante la suplantación de identidad.
El Ministerio Público sostiene que el objetivo era trasladar a las víctimas desde República Dominicana hacia Tórtola y Dominica utilizando documentos de identidad obtenidos con datos de otras menores.
Tráfico de menores: aeropuerto
La investigación señala que el 8 de octubre de 2026, Adolfina Paula Pimentel se presentó en el área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) acompañada de dos adolescentes, con la intención de abordar un vuelo hacia Tórtola y posteriormente continuar hacia Dominica.
Durante la inspección, Pimentel presentó tres permisos de salida migratoria, identificados con los números 00174-2610, 00175-2610 y 00876-2750.
Según el Ministerio Público, un inspector detectó que el último documento era falso, por lo que trasladó a la mujer y a las dos adolescentes a la sala de investigación migratoria.
Al entrevistar a las menores, las autoridades constataron que solo se comunicaban en creole, pese a que los pasaportes que portaban las identificaban como ciudadanas dominicanas.
De acuerdo con el expediente, cuando Pimentel fue cuestionada sobre su relación con las adolescentes, manifestó que no las conocía y que otras personas, cuyas identidades también desconocía, se las habían entregado en la terminal aeroportuaria.
La mujer fue arrestada en flagrante delito.
Tráfico de menores: documentos
Como parte de las investigaciones, las autoridades obtuvieron una certificación de la Dirección General de Pasaportes que establece que los documentos utilizados por las adolescentes fueron emitidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026.
Según la acusación, los pasaportes se tramitaron utilizando registros de nacimiento de adolescentes dominicanas cuyos padres residen en Villa Mella, Santo Domingo Norte.
El Ministerio Público sostiene que a Yaribel Cristina Esquea le ofrecieron dinero para facilitar los datos personales de sus hijas, con el propósito de obtener pasaportes que permitieran hacer pasar a otras niñas por ellas y trasladarlas fuera del país.
De acuerdo con la solicitud de coerción, Esquea aceptó la propuesta.
El expediente también señala que Cristian Del Carmen Rosario Rodríguez le habría ofrecido dinero a Esquea para sacar del país a una de las víctimas.
Medidas judiciales
La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Alvárez, titular de la PETT, junto a los representantes del Ministerio Público Roberto Antonio Reyes Torres, Diógenes Quezada y Felbelys Rosario.
Durante la audiencia, el órgano acusador estuvo representado por los magistrados Reyes Torres y Quezada.
El juez Leomar Cruz Quezada dispuso la prisión preventiva contra Pimentel y Rosario Rodríguez, mientras que Esquea deberá cumplir las medidas económicas y de presentación periódica establecidas por el tribunal.
Las tres mujeres permanecen vinculadas al proceso judicial por el presunto tráfico de menores, mientras las autoridades continúan las investigaciones sobre el traslado de adolescentes mediante documentos obtenidos con identidades ajenas.
