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Durante el debate, Larrauri también hizo referencia a proyectos mineros que, según explicó, podrían representar compromisos económicos para el Estado dominicano incluso si no llegan a ejecutarse.
En ese sentido, cuestionó que las garantías ofrecidas a las compañías puedan traducirse en obligaciones financieras para el país, mientras los posibles impactos ambientales de las operaciones representan desafíos adicionales para las autoridades.
La defensora del medioambiente consideró necesario revisar los mecanismos mediante los cuales se distribuyen las responsabilidades entre el Estado y las empresas que desarrollan actividades de exploración y explotación minera.
Sus planteamientos estuvieron dirigidos a promover una discusión sobre las condiciones contractuales, la transparencia de las exportaciones y las consecuencias ambientales que pueden derivarse de la industria extractiva.
Larrauri insistió en la importancia de evaluar no solo los beneficios económicos que genera la minería, sino también los costos y compromisos que podrían recaer sobre el Estado y la sociedad dominicana.
Las declaraciones se produjeron durante RD Debate, espacio en el que se abordaron diferentes posiciones sobre el desarrollo de la minería, la protección de los recursos naturales y la necesidad de garantizar que las actividades extractivas respondan a los intereses del país.
