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El cantante Daddy Yankee, junto a su empresa Los Cangris Inc., presentó una demanda federal contra el productor y examigo Raphy Pina, su exesposa Mireddys González, los abogados Edwin Prado y Andrés Coll, además de varias entidades adicionales, por presuntamente haber operado durante más de una década un esquema para apropiarse ilegalmente de regalías y derechos editoriales de decenas de sus canciones y de otros artistas.
El recurso judicial, radicado este sábado, acusa a los demandados de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsionistas (RICO Act, por sus siglas en inglés) y la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico.
La acción legal surge luego de que, a inicios de 2025, se detectara una anomalía en el catálogo de composiciones del ícono del género urbano, lo que llevó a una investigación interna que, según la demanda, reveló un patrón prolongado de irregularidades.
La querella sostiene que los acusados habrían desviado ingresos, manipulado información contractual y ejecutado maniobras para controlar y lucrarse de la propiedad intelectual del artista sin autorización. La demanda solicita remedios económicos, daños y medidas cautelares para detener lo que los abogados del cantante describen como “un operativo sistemático de apropiación y fraude”.
Hasta el momento, los demandados no han emitido declaraciones públicas sobre el caso. En el caso de Mireddys González, se señala que actuó como administradora dentro de la operación, preparando asignaciones que habrían aumentado artificialmente las participaciones de Pina-Nieves y reducido las de los demandantes. También se alega que transmitió estos documentos a través del comercio interestatal y que excluyó a Ayala Rodríguez de múltiples comunicaciones para mantener encubierta la apropiación indebida y darle apariencia legítima al proceso.
Sobre el licenciado Edwin J. Prado-Galarza, la demanda afirma que su rol fue facilitar la operación mediante la firma de contratos y la circulación de documentos que incorporaban las alegadas afirmaciones fraudulentas de publicación.
Entre ellos figuran el “Acuerdo de composición del título principal” y el “Memorándum de Comprensión” de la canción “Buena Vida (Remake)”, los cuales —según se alega— fueron firmados sin autorización de Ayala Rodríguez y enviados a través del comercio interestatal. La querella sostiene que Prado-Galarza obtuvo influencia profesional y beneficios financieros derivados del funcionamiento del esquema.
