Un grupo de 23 congresistas demócratas solicitó al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) investigar la adjudicación de contratos por casi 7,500 millones de dólares destinados a la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas, ante sospechas de posibles irregularidades y favoritismo hacia empresas vinculadas al presidente Donald Trump.
Según informó la agencia EFE, la solicitud fue presentada mediante una carta firmada por legisladores, entre ellos Lloyd Doggett, Verónica Escobar, Greg Casar y Joaquín Castro, quienes expresaron preocupación por los procedimientos utilizados para asignar los recursos destinados al proyecto.
Los congresistas señalaron específicamente a las compañías Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel, que recibieron cuatro de los cinco contratos adjudicados para las obras en ese sector fronterizo.
Muro fronterizo genera cuestionamientos por contratos
De acuerdo con la misiva, el fundador de Barnard Construction, Tim Barnard, aportó alrededor de un millón de dólares a organizaciones de recaudación de fondos vinculadas con la campaña presidencial de Donald Trump en 2024.
Asimismo, los legisladores indicaron que Fisher Sand & Gravel contrató en 2021 a Tom Homan, actual responsable de la política fronteriza de la Administración Trump, para realizar labores de representación de intereses en Texas cuando dirigía una firma de consultoría privada.
Estas relaciones motivaron las preocupaciones de los congresistas, quienes consideran necesario determinar si los contratos fueron adjudicados mediante procedimientos adecuados y sin influencias políticas indebidas.
La solicitud de investigación no constituye, por sí misma, una determinación de irregularidades en las adjudicaciones.
Organizaciones ambientalistas rechazan construcción del muro
La construcción de nuevas barreras fronterizas en el oeste de Texas, incluida la zona del Parque Nacional Big Bend, también ha provocado el rechazo de organizaciones ambientalistas, propietarios de terrenos y residentes de comunidades cercanas.
El parque comprende más de 324,000 hectáreas de áreas protegidas a lo largo de la frontera con México, donde se encuentran especies amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes naturales de importancia ecológica.
Los legisladores sostienen que los contribuyentes estadounidenses tienen derecho a conocer si las decisiones relacionadas con estas obras responden a necesidades legítimas de seguridad fronteriza o a posibles intereses particulares.
Congresistas cuestionan necesidad del muro en Big Bend
Otro de los aspectos señalados en la carta es la cantidad de cruces migratorios irregulares registrados en la región.
Según los datos citados por los legisladores, el sector de Big Bend, que comprende aproximadamente 832 kilómetros de frontera, concentró apenas el 1.3 % de las detenciones fronterizas durante 2025.
Pese a estas cifras, el DHS clasificó en mayo de 2026 la zona como un área de alta entrada irregular de migrantes y justificó la necesidad urgente de instalar barreras físicas.
Ante esta situación, los congresistas solicitaron examinar si la clasificación corresponde con los registros migratorios, si los contratos fueron adjudicados correctamente y si la inversión responde al interés público.
La petición se produjo una semana después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizara al Gobierno a continuar la construcción del muro en Big Bend, después de que un tribunal inferior de Texas paralizara las obras.
En su decisión, el Supremo consideró los intereses del Gobierno relacionados con la seguridad y la integridad de la frontera.




