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La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (UCAPREC), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), capturó este martes 27 de octubre a Henry Arturo Almonte García, condenado a diez años de prisión por abuso sexual e incesto contra su hija, quien tenía cinco años al momento de los hechos.
La detención se produjo después de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazara el recurso de casación presentado por el condenado, mediante la sentencia núm. SCJ-SS-26-1310, emitida el 30 de septiembre de 2026.
La decisión judicial ratificó la responsabilidad penal de Almonte García por violaciones a los artículos 332-1 y 332-2 del Código Penal dominicano, así como a disposiciones de la Ley 136-03, que establece el sistema de protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
UCAPREC ejecuta captura tras decisión de la Suprema Corte
De acuerdo con la información suministrada, la captura fue realizada por agentes de la UCAPREC, unidad especializada en la localización y detención de personas requeridas por la justicia dominicana.
El arresto se produjo luego de agotarse las vías de impugnación examinadas por la Suprema Corte de Justicia, que mantuvo la condena de diez años de reclusión dictada contra Almonte García.
El caso había sido conocido inicialmente por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que el 29 de septiembre de 2025 declaró culpable al acusado.
Posteriormente, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó la sentencia el 24 de abril de 2026.
Suprema Corte rechazó argumentos de la defensa
Según consta en la sentencia, la defensa de Almonte García cuestionó la valoración de las pruebas, los testimonios y los resultados de las evaluaciones médicas presentadas durante el proceso.
Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que los tribunales anteriores habían realizado una valoración conjunta y razonada de los elementos probatorios.
Entre las pruebas examinadas figuraron declaraciones testimoniales, una entrevista especializada realizada a la menor mediante el sistema de Cámara Gesell y evaluaciones médico-forenses.
El tribunal concluyó que los argumentos presentados por la defensa no demostraron vulneraciones al debido proceso ni errores que justificaran anular la condena.
En consecuencia, rechazó el recurso de casación y ordenó notificar la decisión al juez de ejecución de la pena correspondiente.
Condenado también deberá pagar indemnización de RD$3 millones
Además de la pena de diez años de prisión, la sentencia de primera instancia estableció una indemnización de RD$3 millones a favor de la fundación que brinda asistencia psicológica a la menor afectada.
Esta disposición quedó recogida en los antecedentes judiciales examinados por la Suprema Corte de Justicia.
La decisión también impuso al condenado el pago de las costas procesales correspondientes.
Reiteran importancia de proteger a las víctimas menores de edad
La captura de Almonte García constituye una actuación dirigida al cumplimiento de las decisiones judiciales en casos de delitos sexuales contra menores.
La documentación del caso destaca la importancia de que las condenas sean ejecutadas y de que las instituciones responsables mantengan los mecanismos de localización de personas requeridas por la justicia.
La identidad de la menor se mantiene bajo reserva, conforme a las disposiciones legales destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos.
