Dajabón.- El alcalde Santiago Riverón confirmó que ciudadanos haitianos están siendo contratados por la alcaldía de este municipio, luego de que la periodista Rainy de la Rosa hiciera pública una denuncia relacionada con su situación migratoria.
Durante una conversación telefónica con la comunicadora, el funcionario reconoció que estos trabajadores reciben pagos con fondos del cabildo y realizan labores dentro de la institución, aclarando así los detalles sobre su vinculación.
Riverón explicó que la decisión responde a la falta de interés de algunos ciudadanos dominicanos en desempeñar determinadas funciones, lo que ha llevado a la alcaldía a recurrir a mano de obra extranjera para garantizar la continuidad de los servicios municipales.
Las declaraciones se producen en medio de un debate que ha ido creciendo en la comunidad, luego de que la denuncia sobre la contratación de extranjeros en condición migratoria irregular se hiciera pública.
El caso ha generado especial atención debido a lo que muchos consideran una postura contradictoria, tomando en cuenta declaraciones previas del propio alcalde sobre temas migratorios. Esta situación ha reavivado el debate sobre la coherencia en las políticas locales y la gestión de la mano de obra extranjera.
Para algunos sectores, el hecho de reconocer públicamente estas contrataciones mientras se mantienen discursos firmes sobre control migratorio plantea interrogantes sobre la aplicación de las normas y la transparencia institucional.
En redes sociales y espacios comunitarios, numerosos usuarios han expresado su inconformidad, señalando que este tipo de prácticas es percibido de manera negativa, especialmente cuando se trata del uso de recursos públicos.
Algunos consideran que la situación podría afectar la confianza en las autoridades locales, mientras otros piden que se investigue si estas contrataciones cumplen con las disposiciones legales vigentes.
Además, un audio difundido por medios locales muestra un momento de tensión entre el alcalde y la periodista, donde el funcionario se expresa en términos considerados inapropiados durante la conversación.
Este elemento ha añadido más controversia al caso. Ante la situación, se espera que organismos competentes en materia migratoria y laboral puedan revisar el caso para determinar si las contrataciones se ajustan a la normativa vigente.
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