Santo Domingo.– El abogado del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, aseguró este jueves que su defendido respondió de manera voluntaria y conforme al orden legal al requerimiento formal realizado por el Ministerio Público.
“Estas personas comparecieron en cumplimiento al requerimiento formal que le hizo el Ministerio Público. Nosotros no tenemos conocimiento de que el Ministerio Público haya formalizado, al día de hoy, ninguna solicitud”, indicó el abogado Jorge Luis Polanco Rodríguez, al ser abordado por la prensa.
El abogado sostuvo que, hasta el momento, el equipo de defensa se mantendrá a la espera de que las autoridades formulen de manera oficial cualquier pedimento para entonces evaluarlo y fijar una posición jurídica al respecto.
Un equipo de abogados acompañó a Espaillat durante todo el proceso de atención ante las autoridades, aseguró el jurista, quien destacó que han estado al tanto de todo lo ocurrido desde el inicio hasta que el empresario quedó bajo custodia de las autoridades.
“Nunca apelamos a elementos subjetivos. Creemos en el sistema judicial y en el fortalecimiento de las instituciones públicas de República Dominicana. Nuestro ejercicio profesional está comprometido con el Estado de Derecho”, puntualizó el abogado.
Enfrenta solo 2 años de prisión
El Ministerio Público informó oficialmente que investiga a Antonio Espaillat y a su hermana Maribel Espaillat por homicidio involuntario a raíz del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos y 89 heridos. La acusación, sin embargo, conlleva una pena máxima de solo dos años de prisión y una multa de entre 25 y 100 pesos (sí, leyó bien: 100 pesos).
En República Dominicana, el Código Penal no contempla penas acumulativas. Y si no hay intención directa de matar, las consecuencias legales suelen ser casi simbólicas, aunque se trate de la mayor tragedia no natural en la historia del país.Los hermanos Espaillat, propietarios del icónico centro nocturno, fueron arrestados este jueves tras ser interrogados por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.Según una nota distribuida por el Ministerio Público, incurrieron en una “inmensa irresponsabilidad y negligencia” al ignorar las condiciones peligrosas del techo, cuya intervención pudo haber evitado la tragedia.
La imputación está basada en el artículo 319 del Código Penal, que sanciona el homicidio involuntario sin dolo. Es decir, la justicia los considera responsables de un descuido grave, no de un crimen intencional. Por eso, aunque las víctimas sean más de doscientas, la pena sigue siendo una sola y modesta. La ley llega hasta donde le permite el texto, no más.
“El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de tres meses a dos años, y multa de veinte y cinco a cien pesos”, indica de manera textual el artículo 319 del Código Penal.
Además de homicidio involuntario, la nota les señala por presuntos intentos de intimidar a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que administraba la discoteca, para entorpecer la investigación.
El mayor peso de este caso podría sentirse en el ámbito civil, donde familiares de las víctimas y sobrevivientes podrían presentar demandas millonarias por daños y perjuicios. Aun así, se anticipa un proceso complejo y prolongado.
Antonio y Maribel Espaillat permanecen detenidos a la espera de la audiencia donde el tribunal de atención permanente del Distrito Nacional conocerá la solicitud de medidas de coerción.
