movil.jpg)
 970x90.jpg)
El coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos para la región sur, Carlos Sánchez Díaz, denunció que alrededor de 150 dominicanos estarían involucrados en la guerra entre Rusia y Ucrania, tras supuestamente ser captados mediante ofertas engañosas de trabajo en el extranjero.
El abogado, quien acompaña a familiares de los afectados desde el pasado 24 de agosto, afirmó que tiene conocimiento de unos 50 casos correspondientes a personas oriundas de Haina y que más de 20 ciudadanos o sus familiares han decidido recurrir a la justicia para reclamar la intervención del Estado dominicano.
Sánchez Díaz explicó que la semana pasada depositaron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con la que buscan que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno asuman las medidas necesarias para proteger a los dominicanos que, según las denuncias, se encuentran en peligro en territorio extranjero.
El jurista sostuvo que las autoridades no deben limitar su respuesta a la existencia de contratos de servicio militar, pues considera que estos documentos habrían sido firmados bajo presión y sin el consentimiento libre de los afectados.
“Que no se justifique en un contrato que fue hecho en franca violación a la voluntad de esos jóvenes que han sido objeto de trata de personas y llevados a Rusia, tanto a Rusia como Ucrania, con engaño”, expresó.
Cuestiona validez de contratos firmados en Rusia
Sánchez Díaz cuestionó las declaraciones atribuidas al canciller Víctor —Ito— Bisonó sobre los contratos firmados por algunos dominicanos, y aseguró que las familias han entregado documentos que sus parientes les enviaron desde el extranjero.
Según el abogado, algunos de esos documentos estarían redactados en ruso y habrían sido presentados a los ciudadanos después de varios días de viaje, cuando ya se encontraban en territorio ruso y bajo la autoridad de militares.
“Un ciudadano dominicano que esté en una nación extranjera, después de agotar tres días o cuatro días de vuelo, que llegan y le ponen una loma de papel en ruso, ¿qué va a ver?”, cuestionó.
El representante de los derechos humanos sostuvo que, de comprobarse que los documentos fueron firmados bajo coacción, su validez podría ser cuestionada. También criticó que la existencia de esos contratos se utilice, a su juicio, como argumento para limitar la asistencia consular.
El abogado pidió al Gobierno dominicano que presente una denuncia formal ante las Naciones Unidas y convoque al embajador ruso en el país para solicitar explicaciones sobre la situación de los ciudadanos.
Denuncia supuestas amenazas contra familiares
El jurista afirmó que las familias continúan organizándose mediante un comité de madres desesperadas y realizando caminatas, vigilias y otras actividades para exigir el regreso de sus parientes.
Asimismo, aseguró que algunos familiares han recibido amenazas y que existe temor entre personas que conocen casos similares, pero que no se atreven a denunciarlos públicamente.
Sánchez Díaz también señaló que las autoridades deben garantizar la seguridad de las madres, esposas, activistas de derechos humanos y periodistas que han dado seguimiento a las denuncias.
A su juicio, detrás de estos casos podrían operar redes de captación con presencia en distintos países de América Latina, que presuntamente facilitarían los trámites y viajes de los ciudadanos. Estas afirmaciones corresponden a las denuncias del abogado y requieren investigación de las autoridades competentes.
Pide intervención urgente del Gobierno
El coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos manifestó que la vía diplomática constituye una de las principales alternativas para procurar el regreso de los afectados, debido a que se encuentran fuera del territorio nacional.
Indicó que esperan que el Tribunal Superior Administrativo emita un auto para convocar al Ministerio de Relaciones Exteriores y conocer las medidas que podrían adoptarse para proteger a los dominicanos.
“Lo que nosotros esperamos que el Tribunal Superior Administrativo emita un auto convocando al Ministerio de Relaciones Exteriores para que tome las medidas de lugar para proteger a estos dominicanos que están en un inminente peligro”, expresó.
Sánchez Díaz insistió en que el Estado dominicano tiene la responsabilidad de procurar protección a sus ciudadanos en el extranjero y pidió una respuesta que tome en cuenta la situación de las familias que permanecen en el país sin información suficiente sobre la seguridad de sus seres queridos.
Mientras continúan las acciones legales y las manifestaciones, los familiares mantienen su reclamo de asistencia diplomática y de gestiones que permitan el retorno de los dominicanos que, según sus denuncias, fueron captados con promesas de empleo y terminaron involucrados en el conflicto armado.
