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El presidente Luis Abinader aseguró este miércoles que el Gobierno dominicano defenderá la producción nacional de arroz en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, al considerar que este cereal es un producto estratégico para la seguridad alimentaria del país.
Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario afirmó que los representantes del sector arrocero fueron informados previamente sobre las medidas que adoptaría el Gobierno, incluida la decisión de derogar el decreto que establecía un régimen arancelario para proteger la producción nacional.
“Para nosotros la producción del arroz es de seguridad nacional y así lo vamos a defender y lo estamos defendiendo en las negociaciones con Estados Unidos”, expresó Abinader.
El jefe de Estado sostuvo que en las reuniones previas participaron representantes de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) y de la comisión arrocera, quienes, según explicó, conocían la estrategia que seguiría el Gobierno.
“Absolutamente a todos los participantes se les informó, incluyendo a Fenarroz, que participó en una reunión y se les informó”, manifestó.
Abinader agregó que durante esos encuentros se discutieron las medidas y el contenido del decreto, así como la estrategia que las autoridades llevarían a las negociaciones comerciales.
Controversia por los aranceles al arroz
Las declaraciones del presidente se producen en medio del debate generado por la derogación del decreto 693-24, mediante el decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026.
La disposición anterior establecía un arancel de 20 % dentro de determinados contingentes de importación y de 99 % fuera de estos. También contemplaba una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz procedente de Estados Unidos con arancel cero, mientras que las importaciones que excedieran esa cantidad quedaban sujetas al arancel de Nación Más Favorecida.
La eliminación de ese régimen arancelario se produjo en el contexto de las conversaciones comerciales entre República Dominicana y Estados Unidos, luego de que autoridades estadounidenses señalaran la importancia de garantizar el acceso de su arroz al mercado dominicano en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
La decisión generó preocupación entre organizaciones agropecuarias. La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) advirtió que el cambio podría afectar a los productores nacionales y solicitó al Gobierno aclarar cuáles medidas aplicaría para proteger la actividad agrícola, los empleos rurales y la seguridad alimentaria.
En respuesta a las inquietudes, el Ministerio de Agricultura aseguró que la derogación no significa que el Gobierno abandone al sector arrocero y ha señalado que continuará impulsando acciones para mejorar su productividad y competitividad.
Asimismo, el Gobierno informó el 18 de octubre que representantes del sector arrocero expresaron su respaldo a las autoridades y confianza en las negociaciones para alcanzar condiciones que permitan proteger la producción nacional.
De acuerdo con información divulgada por el Gobierno, la producción de arroz blanco pasó de 9.2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14.8 millones en 2025, un crecimiento que las autoridades atribuyen a mejoras en la productividad, el desarrollo de variedades y los apoyos al sector.
Balance de las obras financiadas con fondos de Aerodom
La rueda de prensa también estuvo dedicada a presentar el balance de las obras vinculadas a los recursos del acuerdo de Aerodom.
Según un reporte publicado este miércoles por Noticias SIN, el presidente de la comisión de veedores, Ricardo Canales, informó que se han contratado aproximadamente US$480 millones en obras relacionadas con esos fondos, de los cuales se ha ejecutado alrededor del 35 %.
Canales explicó que la contratación de los proyectos se ha desarrollado durante aproximadamente dos años, mientras que la ejecución lleva cerca de un año y medio.
El Fondo de Desarrollo de Infraestructuras, creado mediante el decreto 581-23, procura canalizar recursos para proyectos públicos en áreas como transporte masivo, vivienda, gestión del agua y otras obras de impacto socioeconómico.
Los recursos procedentes del acuerdo de Aerodom forman parte de la estrategia del Gobierno para financiar proyectos de infraestructura que contribuyan a mejorar la movilidad y los servicios públicos.
