Ante el informe Condiciones de Detención y Prisión 2025, presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), que revela que el hacinamiento en cárceles dominicanas supera el 142%, legisladores de distintas bancadas advirtieron que esta situación convierte las prisiones en espacios de reproducción de la delincuencia.
En ese sentido, los diputados coincidieron en la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema de justicia y penitenciario, con énfasis en la aplicación de las medidas de coerción, la agilización de los procesos y la transformación de las cárceles en verdaderos espacios de rehabilitación.
El diputado Mayobanex Martínez consideró que el elevado porcentaje de presos preventivos evidencia dificultades en la administración de justicia y advirtió que el hacinamiento impide que las cárceles cumplan con su propósito de reeducar y regenerar a quienes han cometido delitos.
“Debemos reorientar y dar a los presos, a los internos, los fines de la pena, que es la educación y la regeneración para, cuando vuelvan a la sociedad, vuelvan con un oficio aprendido, vuelvan ya readaptados a la sociedad”, expresó.
Martínez también manifestó preocupación por el impacto que podría tener el nuevo Código Penal en la población penitenciaria, debido al aumento de las penas para determinadas conductas y a la acumulación de sanciones. En ese sentido, planteó que los casos que no representen un peligro para la sociedad puedan conocerse con los imputados en libertad, cuando las circunstancias jurídicas lo permitan.
De su lado, el diputado Rafael Castillo atribuyó parte de la problemática a la lentitud de los procesos judiciales y al uso frecuente de la prisión como medida de coerción.
“No es posible que el 95 % de los casos que van a los tribunales inicialmente sean 18 meses, 18 meses, 12 meses”, cuestionó, al insistir en la necesidad de que el sistema judicial conozca los expedientes oportunamente y garantice procesos de calidad.
Castillo sostuvo que mantener a una persona encarcelada durante largos períodos sin que se produzca una decisión definitiva contribuye a la sobrepoblación y evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de investigación y juzgamiento.
En la misma línea, el diputado Tobías Crespo recordó que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la respuesta automática ante una imputación penal.
A su juicio, el hacinamiento también representa un obstáculo para la reinserción social, al señalar que algunas cárceles terminan convirtiéndose en espacios desde los cuales se coordinan actividades delictivas, incluidas extorsiones y fraudes tecnológicos.
“Porque las cárceles, en vez de ser un centro de rehabilitación o de reforzar o la inserción, luego posterior a la prisión, realmente se convierte en una industria de la delincuencia”, argumentó.
Por su parte, el diputado Sadoky Duarte sostuvo que la prisión preventiva no debe imponerse automáticamente por solicitud del Ministerio Público, sino que corresponde al juez evaluar las pruebas y determinar si existen elementos suficientes para justificarla.
“El juez no puede ser un sello gomígrafo de la Fiscalía ni del Ministerio Público”, afirmó, al señalar que el ordenamiento procesal penal contempla otras medidas de coerción, como la garantía económica y el arresto domiciliario, que pueden aplicarse según las circunstancias de cada caso.
Duarte advirtió, además, que el ingreso a prisión de personas acusadas de delitos menores puede dificultar su rehabilitación cuando permanecen junto a internos vinculados a hechos de mayor gravedad.
Transformación del sistema penitenciario
Frente a este escenario, Mayobanex Martínez expresó su expectativa de que el traspaso de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales al Ministerio de Justicia contribuya a reorientar el sistema, aunque insistió en que se requiere una transformación integral.
Las cifras de la ONDP, presentadas por su director, Rodolfo Valentín Santos, indican que al finalizar 2025 el sistema penitenciario dominicano albergaba a 23,270 personas. De estas, 15,025 se encontraban en prisión preventiva, lo que representa el 64.57 % de la población carcelaria, frente a 8,156 que cumplían condenas definitivas, equivalentes al 35.43 %.
En cuanto a la composición por sexo, los hombres constituían la mayoría de la población penitenciaria, con 22,563 internos (96.96 %), mientras que las mujeres sumaban 707, para un 3.04 %, según los datos recogidos en el informe Condiciones de Detención y Prisión 2025.
Diputados advierten que el hacinamiento convierte las cárceles en espacios de reproducción de la delincuencia
