El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 714-26, mediante el cual establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, con el objetivo de coordinar las inversiones tecnológicas de las instituciones públicas, reducir gastos duplicados y fortalecer la seguridad y eficiencia de los servicios digitales.
La disposición designa al Ministerio de Administración Pública (MAP) como autoridad responsable de aplicar el reglamento y coordinar la identificación, evaluación, priorización, estructuración, seguimiento y control técnico de las contrataciones e inversiones digitales consideradas estratégicas.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que la medida busca reducir la fragmentación del gasto tecnológico y evitar que las instituciones estatales realicen inversiones aisladas.
“A partir de este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada, orientada a ofrecer servicios públicos digitales eficientes, seguros y accesibles para la ciudadanía, protegiendo en todo momento la soberanía sobre los datos de los dominicanos”, expresó Freund.
Infraestructura digital de interés estratégico nacional
El artículo 6 del decreto declara de interés estratégico nacional la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano, como parte de los esfuerzos para mejorar la calidad, continuidad, seguridad e interoperabilidad de los servicios públicos.
La normativa contempla la coordinación de inversiones en bienes, servicios, plataformas y soluciones digitales que, por su alcance, complejidad, impacto presupuestario o relación con servicios esenciales, requieran evaluación técnica previa o gestión conjunta entre varias instituciones públicas.
El reglamento también establece que las entidades del Poder Ejecutivo deberán contar con un informe de evaluación técnica previa del MAP antes de iniciar procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas.
Esta disposición busca que las compras tecnológicas se realicen de manera coordinada y respondan a criterios de eficiencia, sostenibilidad y racionalidad en el uso de los recursos públicos.
Compras conjuntas y coordinación institucional
Entre las medidas contempladas figura la posibilidad de coordinar procesos de contratación conjunta entre ministerios y otras entidades públicas, con el propósito de aprovechar economías de escala y optimizar el gasto estatal.
El decreto crea, además, la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el MAP e integrada por representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
Este órgano tendrá un papel en la articulación técnica de las decisiones relacionadas con las contrataciones e inversiones digitales estratégicas.
Protección de datos y soberanía digital
El reglamento dispone que las soluciones tecnológicas deben garantizar la portabilidad, interoperabilidad y reversibilidad técnica, de modo que el Estado pueda mantener el control sobre sus sistemas y datos.
Asimismo, prohíbe las cláusulas contractuales y los diseños tecnológicos que generen dependencias comerciales exclusivas o limiten el control directo de las instituciones públicas sobre sus activos de datos.
En cuanto al uso de inteligencia artificial y sistemas de automatización avanzada, la normativa establece criterios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia, con el propósito de resguardar los derechos fundamentales.
El decreto también precisa que estas disposiciones no eximen a las instituciones públicas de cumplir las normas vigentes sobre contratación pública, presupuesto, control interno, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad, acceso a la información pública y responsabilidad fiscal.
Con la medida, el Gobierno busca fortalecer la coordinación de las inversiones digitales y establecer criterios comunes para la adquisición y gestión de tecnologías en la Administración Pública.
Gobierno establece nuevas reglas para las inversiones tecnológicas del Estado
