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Paramount Skydance reiteró este martes su exigencia ante los tribunales: los doce estados y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés), que impulsan demandas antimonopolio para bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery, deben depositar una fianza de 1.880 millones de dólares. La compañía sostiene que esa garantía es necesaria para cubrir las pérdidas que sufriría si el acuerdo no se cierra hasta después del juicio previsto para la próxima primavera.
La jueza federal Araceli Martínez-Olguín, encargada de ambos casos, fijó el 24 de septiembre como fecha de la audiencia para evaluar la fianza. Paramount presentó la petición el 17 de agosto, y el 31 de agosto los estados, liderados por el fiscal general de California, Rob Bonta, respondieron que las eventuales pérdidas de Paramount son responsabilidad exclusiva de la propia empresa.
Los estados afirman que Paramount pretende ahora eludir los compromisos que asumió al aceptar pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery una tarifa de reserva de siete millones de dólares diarios desde el 1 de octubre hasta que se concrete la operación. Según los fiscales generales, ni el arrepentimiento de Paramount ni sus argumentos justifican que el público o un sindicato sin ánimo de lucro respalden económicamente la fusión.
Qué responde Paramount ante la presión legal
Paramount insiste en que los demandantes deben asumir las consecuencias financieras si pierden el litigio. Un portavoz de la compañía declaró que, si exigen que la transacción quede suspendida durante el proceso, deben aceptar también el riesgo económico si su impugnación fracasa. La empresa subraya que no pidió al tribunal levantar la suspensión, sino que se exija la fianza que protege sus intereses mientras dure el litigio.
En su escrito, Paramount invoca la Ley Clayton y la Regla 65(c) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, que a su juicio obligan a los demandantes a responder por el perjuicio financiero que provocarían si su demanda no prospera. La compañía sostiene que ha cumplido con las condiciones de cierre y que ya obtuvo el visto bueno de reguladores en 69 jurisdicciones.
Un antecedente que pesa en la decisión final
Los estados, por su parte, sostienen que la Regla 65(c) y la Sección 16 de la Ley Clayton otorgan a los jueces amplia discreción para imponer o eximir fianzas, sobre todo cuando el litigio defiende el interés público. Advierten que aceptar la petición de Paramount podría incentivar a otras empresas a pactar tarifas extraordinarias como escudo frente a sanciones antimonopolio.
La demanda de los doce fiscales generales, presentada en julio, alega que la fusión daría a la nueva compañía un control excesivo sobre los estrenos de cine y la televisión por cable básica. El Sindicato de Guionistas, en su propia demanda, sostiene que la operación, valorada en 111.000 millones de dólares, derivaría en salarios más bajos para los guionistas. Paramount calificó esta demanda como una de las más débiles en la historia reciente del derecho antimonopolio.
Existe un precedente que podría influir en el fallo. Cuando Nexstar pidió una fianza a los fiscales generales en el caso que buscaba frenar su fusión con Tegna, el juez solo ordenó una fianza simbólica de 10.000 dólares. El magistrado Troy Nunley, del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de California, señaló que los tribunales suelen fijar fianzas simbólicas cuando un estado defiende el interés público, argumento que los estados esgrimen ahora frente a Paramount.
