Durante más de 20 años, comprar un medicamento financiado por la sanidad pública en España ha seguido una regla sencilla: si varios fármacos contienen el mismo principio activo y tienen la misma presentación, todos deben tener un precio idéntico. Esa fórmula, diseñada para contener el gasto farmacéutico, está a punto de desaparecer. El Gobierno ha aprobado una reforma que introduce un nuevo escenario: los medicamentos equivalentes podrán competir entre sí y será el paciente quien decida si busca la opción más económica o prefiere pagar más por una marca concreta.
El Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado por el Consejo de Ministros abre la puerta a que los fabricantes de genéricos reduzcan sus precios para ganar presencia en las farmacias. Hasta ahora, la regulación igualaba los precios dentro de cada grupo de medicamentos financiados, lo que limitaba la competencia directa entre compañías. Con el nuevo modelo, Sanidad fijará un importe máximo que asumirá el sistema público y las empresas podrán situarse por debajo de esa cantidad.
La consecuencia más visible será que los medicamentos de marca podrán mantener precios superiores si sus fabricantes así lo deciden. Productos conocidos como Gelocatil, basado en paracetamol, o Nolotil, cuyo principio activo es el metamizol, podrán tener un coste mayor si el paciente prefiere esa versión frente a un equivalente genérico. La diferencia entre el precio máximo financiado y el importe final deberá asumirla el ciudadano.
El cambio no elimina el copago farmacéutico actual. Los pacientes seguirán pagando según su nivel de renta y los pensionistas mantendrán sus condiciones habituales, salvo que opten voluntariamente por un medicamento de marca con un precio superior. La reforma introduce así una nueva lógica: la sanidad pública garantiza una alternativa financiada, pero la elección de una opción más cara podrá implicar un desembolso adicional.
Sanidad busca abaratar la factura farmacéutica con más competencia
El objetivo principal del Ministerio de Sanidad es aumentar el peso de los medicamentos genéricos y conseguir un ahorro mayor para las arcas públicas. Aunque estos fármacos tienen la misma eficacia, seguridad y composición que los medicamentos originales una vez expirada la patente, su implantación en España continúa por debajo de otros países europeos.
El Ejecutivo considera que el actual sistema de precios de referencia no ha generado suficiente presión competitiva. La paradoja es que algunos genéricos españoles pueden llegar a venderse a precios superiores a los de países con una renta más elevada, como Suecia. Con el nuevo sistema de precios dinámicos, Sanidad pretende que los costes bajen de manera más rápida conforme los genéricos y biosimilares ganen cuota de mercado.
Esta transformación supone un cambio cultural para los pacientes. Hasta ahora, muchos consumidores asociaban la marca comercial con una percepción de mayor confianza, aunque el principio activo fuera exactamente el mismo. La nueva regulación introduce un incentivo económico para elegir alternativas más baratas y convierte la decisión del paciente en una pieza clave del funcionamiento del mercado.
Más control para evitar desabastecimientos de medicamentos
La futura ley también pretende responder a uno de los problemas que más preocupa al sistema sanitario: la falta puntual de determinados medicamentos en farmacias y hospitales. Para ello, incorpora la figura del “medicamento estratégico”, aquellos considerados esenciales pero cuya cadena de suministro presenta riesgos.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tendrá más capacidad para intervenir ante posibles problemas de abastecimiento. Fabricantes, distribuidores y farmacias deberán aportar más información sobre sus existencias para anticipar situaciones de escasez y actuar antes de que los pacientes sufran interrupciones en sus tratamientos.
Otro de los cambios relevantes afecta a la llegada de nuevos tratamientos. La norma permitirá que determinados medicamentos innovadores puedan llegar antes al sistema público cuando cubran necesidades médicas no resueltas y exista evidencia científica sólida. Los hospitales podrán utilizarlos durante un periodo inicial de hasta 180 días mientras se completa la negociación definitiva del precio.
Nuevos profesionales podrán prescribir dentro de sus competencias
La reforma también amplía el reconocimiento legal de la prescripción por parte de profesionales sanitarios como enfermeros y fisioterapeutas, siempre dentro de sus ámbitos de actuación. Estos colectivos se suman a médicos, odontólogos y podólogos en la capacidad regulada para indicar determinados medicamentos.
Además, la ley contempla nuevas vías para acercar los tratamientos a pacientes con dificultades de movilidad, dependencia o situaciones de vulnerabilidad. Sanidad insiste en que no se trata de implantar una venta generalizada de medicamentos por internet, sino de facilitar la dispensación a domicilio cuando existan circunstancias justificadas y siempre bajo supervisión profesional.
La reforma deberá superar ahora su tramitación parlamentaria. Su aprobación definitiva dependerá de los apoyos que consiga el Gobierno en el Congreso, pero su planteamiento dibuja un nuevo escenario para el acceso a los medicamentos: más competencia entre fabricantes, mayor protagonismo del paciente y un intento de reducir una factura farmacéutica que sigue siendo una de las grandes partidas del gasto sanitario público. @mundiario
