Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación Vida sin Violencia, llama a implementar campañas educativas dirigidas a los hombres y fomentar una mayor participación de la sociedad.
Santo Domingo.- El incremento de los feminicidios ha dejado un saldo alarmante de 70 feminicidios íntimos en los primeros nueve meses del año, lo que representa 23 casos más que en el mismo período del año anterior.
Ante esta realidad, Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación Vida sin Violencia, advierte que las políticas públicas actuales no están dando los resultados esperados e insta a una revisión profunda de los mecanismos de seguimiento estatal, así como al fomento de la educación y la reeducación masculina.
«Estamos hablando de vidas truncadas, familias destruidas y 98 huérfanos, niños, niñas y adolescentes. Las políticas públicas que se están implementando deben revisarse, porque la realidad es que no están dando los resultados esperado», expresó Fondeur al analizar la continuidad de los feminicidios y otros hechos de violencia contra las mujeres que han conmocionado al país.
Yanira Fondeur presidenta de la Fundación Vida sin Violencia
Cuestiona efectividad de órdenes de protección
Fondeur planteó además la necesidad de fortalecer el seguimiento a las órdenes de protección, al señalar que al menos cuatro de las víctimas registradas este año habían recurrido previamente a las autoridades y contaban con este mecanismo.
A su juicio, la emisión de una orden por sí sola no garantiza la seguridad de una mujer amenazada, por lo que entiende necesario establecer una coordinación y vigilancia más efectiva entre la Policía Nacional y el sistema de justicia.
«No se trata solamente de que la justicia emita esta orden; se trata del seguimiento que deben tener tanto la Policía como la justicia para proteger vidas», manifestó.
De acuerdo con los registros citados por Fondeur, la provincia Santo Domingo concentra la mayor cantidad de casos, con 21, el doble de los contabilizados durante igual período del año pasado. Le siguen el Distrito Nacional, con siete, y La Altagracia, con seis.
Pide trabajar con la población masculina
La presidenta de Vida Sin Violencia señaló que, además de fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas, el país necesita desarrollar programas dirigidos específicamente a la reeducación de los hombres y la prevención de conductas violentas.
«Ahora mismo, el país no cuenta con una campaña de reeducación para la población masculina, que es la que más agrede», afirmó.
Fondeur entiende que esas iniciativas deben fomentar el respeto, la empatía y la corresponsabilidad dentro de las relaciones de pareja, al tiempo que consideró indispensable comenzar desde la infancia una educación basada en la igualdad de derechos entre niños y niñas.
Reconoció que se trata de un proceso cuyos resultados serían a largo plazo, pero insistió en que la prevención de la violencia no puede recaer exclusivamente sobre el Gobierno o una institución determinada, sino que requiere la participación de toda la sociedad.
El momento de la separación puede elevar el riesgo
Fondeur también llamó a las familias a involucrarse cuando identifiquen señales de violencia, amenazas o la presencia de armas de fuego en manos de un posible agresor.
Advirtió que uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para una víctima ocurre cuando decide abandonar una relación marcada por el control, las humillaciones, el aislamiento y otras manifestaciones de violencia.
Por esta razón, recomendó que una mujer amenazada no se reúna a solas con una expareja sobre la que existan antecedentes de agresión o amenazas y que su entorno familiar active mecanismos de acompañamiento y protección.
Miedo y dependencia dificultan las denuncias
Sobre el hecho de que una elevada proporción de las víctimas no había presentado denuncias antes de ser asesinadas, Fondeur explicó que existen múltiples factores que pueden impedir que una mujer acuda a las autoridades.
Entre ellos mencionó el miedo, la angustia, el estrés derivado de años de violencia, el aislamiento y la dependencia económica respecto al agresor.
También consideró que conocer casos de mujeres que habían solicitado protección y posteriormente fueron víctimas de feminicidio puede generar desconfianza en otras víctimas sobre la capacidad de las instituciones para garantizar su seguridad.
«No se trata de un hecho de la noche a la mañana. Se trata, a veces, de años de sometimiento, desigualdades, control y dominio», explicó.
Fondeur insistió en que las cifras registradas durante los primeros nueve meses del año representan una señal de alarma que requiere respuestas más efectivas, tanto en la protección inmediata de las mujeres amenazadas como en la prevención y transformación de las conductas que originan la violencia.
Mujeres asesinadas en septiembre
Yanely Yohanna Soto
Septiembre estuvo marcado por una sucesión de feminicidios en distintas provincias del país. Entre las víctimas figura Yanely Yohanna Soto, de 42 años, quien fue atacada a martillazos en la banca de lotería donde laboraba presuntamente por su pareja en San Carlos, Distrito Nacional, el 6 de septiembre y falleció días después debido a las graves lesiones sufridas.
Brandy Yuleisy Rodríguez
También fue asesinada Brandy Yuleisy Rodríguez, de 22 años, quien recibió varios disparos presuntamente de manos de su pareja en Santiago; mientras que en Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, el cuerpo de Giselle Jiménez, de 28 años, fue encontrado en playa Arroyo Salado con múltiples heridas de arma blanca, siendo señalada su expareja como principal sospechoso.
A estos hechos se sumó la muerte de Jaline Sylverin, de 35 años, ocurrida el 24 de septiembre en Chirino, Monte Plata, luego de presuntamente ser agredida por su pareja.
Loyca Alvarado
La violencia continuó durante los últimos días del mes. El 25 de septiembre, Nikauris de los Santos, madre de tres hijos, murió en Bayaguana, Monte Plata, presuntamente atacada con un arma blanca por su expareja.
Dos días después, Loyca Alvarado Adames fue asesinada en una cabaña de la avenida George Washington, en el Distrito Nacional, y su cadáver fue localizado posteriormente en Bajos de Haina; por el crimen fue arrestada su expareja, contra quien el Ministerio Público presentó cargos por feminicidio agravado.
Asimismo, en El Zumbón, San Cristóbal, Dariné Espinoza, de 23 años, perdió la vida presuntamente a manos de su expareja, Roger Martínez, quien posteriormente se entregó a las autoridades.
Nuevo Código Penal y feminicidios
Al ser cuestionada sobre si el endurecimiento de las penas, como lo plantea el nuevo Código Penal del dominicano, reduciría la ocurrencia de los casos, Fondeur concluye que frenar los feminicidios requiere ir más allá del ámbito punitivo o legislativo.
«Las leyes definitivamente en países más avanzados tampoco han logrado una reducción sustantiva de los feminicidios. Lo que sí transforma es la educación. Es vital.»
La opinión coincide con lo expresado por la Procuradora Yeni Berenice Reynoso, quien ha enfatizado sobre la trascendencia de la tipificación del feminicidio en la legislación penal. Sin embargo, advirtió que la represión penal resulta insuficiente si no se abordan las raíces estructurales del problema.
Un elemento que agrava el panorama es la ausencia de denuncias previas en la mayoría de los casos. De acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría, el 89 % de las mujeres víctimas de feminicidio no había acudido previamente ante las autoridades para denunciar la violencia que enfrentaba, una realidad que evidencia las dificultades que persisten para que las víctimas busquen ayuda antes de que las agresiones alcancen consecuencias fatales.
El nuevo Código Penal de la República Dominicana, Ley 74-25, modificado por la Ley 44-26, incorpora expresamente el feminicidio y establece diferentes sanciones según las circunstancias del crimen.
El Código contempla además el feminicidio agravado, sancionado con 40 años de prisión mayor y una multa de 1,000 salarios mínimos del sector público. Entre las circunstancias que pueden configurar esta modalidad se encuentran que la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor o persona con discapacidad; que el hecho ocurra frente a familiares o menores de edad; que la víctima esté embarazada o en los tres meses posteriores al parto; o que intervengan dos o más personas.
