Lo que le vociferaron a Marlin Martínez tras salir en libertad de Rafey Mujeres

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Santiago.- Salió la noche del miércoles del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, Marlin Martínez, implicada en el asesinato de la adolescente embarazada Emely Peguero, luego de que una jueza ordenara su libertad tras cumplir una condena de más de dos años por el hecho.

La jueza Carminia Caminero, de la Segunda Sala Penal de San Francisco de Macorís, ordenó ayer la libertad de Marlin Martínez, condenada por su implicación en el asesinato de la adolescente Emely Peguero, cometido por su hijo Marlon.


Varias personas se apostaron en las afueras del Centro Rafey Mujeres y le vociferaban ‘asesina’.

La magistrada adoptó su decisión al dar el fallo de un hábeas corpus interpuesto por Marlin, con el que buscaba su libertad tras alegar haber cumplido la condena de dos años y medio de cárcel impuesta en su contra por el ocultamiento del cadáver de Emely, de 16 años.

Se recuerda que los jueces del Tribunal Colegiado de San Francisco condenaron a 30 años de cárcel a Marlon Martínez, tras encontrarlo culpable del crimen de la adolescente de 16 años que tenía un embarazo de cinco meses.

Mientras que Marlin Martínez fue sentenciada a cinco años de cárcel, al ser hallada culpable de ayudar a su hijo a encubrir el hecho pagándole a una persona cien mil pesos para que desapareciera el cadáver de la joven.

Ricardo Reina, quien es parte de la barra de defensa de la familia Martínez, manifestó que ella a partir de hoy iniciará “una vida nueva” y que irá a su residencia, sin especificar el lugar.

Marlon fue enviado a la cárcel de Salcedo y Marlin al Centro Correccional y de Rehabilitación de Rafaey Mujeres en la provincia de Santiago.

En noviembre de 2018 Marlin Martínez fue sentenciada a cinco años de prisión por ocultamiento del cadáver y sustracción a la adolescente, Emely Peguero, quien tenía cinco meses de embarazo.


Meses después tras la revisión de la sentencia, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís redujo de cinco a dos años la pena impuesta por un tribunal colegiado de esa jurisdicción.