El expediente acusatorio por el caso Medusa, que señala al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez como principal cabecilla, también involucra a una mujer y varios de sus familiares. La fémina figura como socia mayoritaria de una de las empresas adjudicadas para suplir los alimentos a las cárceles, centros de menores del país y Escuela Nacional Penitenciaria.
Como parte de la alegada red delictiva, figuran César Nicolás Rizik Pimentel, Juan Asael Martínez Pimentel y Rosa Julia Pimentel, hijos y hermana de la pastora, ‘quienes se apropiaron indebidamente de la mayor parte de los fondos públicos administrados por la Procuraduría, destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país, de los cuales 19 pertenecen al denominado modelo tradicional’.
El órgano persecutor afirma que a las personas anteriormente mencionadas y a otras se les pagó sumas millonarias por alimentos que en ningún momento fueron entregados en los recintos.
«Falsificación de firmas y sellos que figuran en los conduces con los que sustentaron los pagos de las facturas que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, Reynaldo De Jesús Santos de la Cruz y sus testaferros reportaron a la Procuraduría General de la República, por concepto de entrega de alimentos en los distintos recintos penitenciarios, las cuales difieren con los conduces entregados a los recintos en cuestión» reza el documento.
Según el Ministerio Público, la pastora Pimentel prestó su nombre para su hijo, Rizik Pimentel, para uno de los acuerdos que tuvo con el imputado Jean Alain.
Las empresas involucradas supuestamente “se apropiaron indebidamente de la mayor parte de los fondos públicos administrados por la Procuraduría, destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país, de los cuales 19 pertenecen al denominado modelo tradicional”.
Además, el expediente indica que entre “las maniobras fraudulentas” cometidas para estafar al Estado, “está la entrega de los productos contratados en presentaciones de menor cantidad y calidad a la que indica en el conduce que sustenta la factura pagada”.
Como salami, del que debían recibir 3.5 libras y que en su lugar solo enviaban 3 libras o menos. También facturaban una marca de calidad pero en realidad enviaban una por debajo de la contratada, “tornándose incomible y en ocasiones llegaba con gusanos, al igual que arroz”.
Lo mismo sucedía con el aceite que en vez de usar la marca Crisol, usaban una de menor calidad. Además, compraban media libra de plátanos y escogían los más pequeños.
“La sopita debía ser marca Maggie, sin embargo, entregaban sopita marca “Doña Nena”.
De acuerdo con el documento, la pastora y empresaria tenía una yipeta marcha Audi, que fue decomisada “por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos”.
Mientras que su hijo poseía una yipeta Toyota, y dos casas en el Distrito Catastral, en el Distrito Nacional.
