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El Poder Ejecutivo depositó este jueves ante el Senado el Proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, una iniciativa que procura regular la participación privada en la gestión de bienes, servicios e infraestructuras públicas y fortalecer el sistema de contrataciones del Estado.
El proyecto fue entregado por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien informó que será incluido en la agenda de la sesión del próximo miércoles para su envío a comisión.
La propuesta complementará el sistema de contratación estatal y contribuirá al desarrollo del país, al establecer un marco general para planificar, adjudicar, ejecutar, supervisar y finalizar las concesiones públicas.
La iniciativa busca cubrir un espacio entre la contratación pública ordinaria y las alianzas público-privadas, mediante una modalidad que permita desarrollar proyectos con inversión privada sin que el Estado tenga necesariamente que aportar bienes o recursos. Asimismo, plantea distribuir los riesgos según la capacidad de cada parte para prevenirlos, controlarlos o asumirlos.
Entre sus principales disposiciones figura la creación del Sistema Nacional de Concesiones Públicas, con la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector. También contempla un Consejo Nacional de Concesiones, una Dirección Técnica de Concesiones y un Registro Nacional de Concesionarios del Estado.
La selección de los concesionarios se realizaría mediante licitación pública nacional o internacional, con requisitos, criterios de evaluación, tarifas, garantías y mecanismos de supervisión definidos previamente. Antes de la firma de los contratos, sería necesaria la no objeción del Consejo Nacional de Concesiones.
El proyecto establece una duración de los contratos de entre cinco y cuarenta años, impone límites a las prórrogas y prohíbe su renovación automática. Además, dispone que la rentabilidad estimada de los proyectos no constituya una garantía estatal y que sus recursos no sean destinados a fines ajenos a la concesión.
También permitiría que particulares presenten proyectos de interés público cuando no requieran aportes del sector público, sin que ello les otorgue derecho a una adjudicación directa. Si el proponente no resulta adjudicatario, podría recibir una compensación por los estudios útiles que aproveche la Administración.
En materia de control, la propuesta contempla prohibiciones e inhabilidades para prevenir conflictos de interés y afectaciones a la libre competencia, así como sanciones que incluyen multas, ejecución de garantías e inhabilitación temporal. Las concesiones anteriores conservarían, como regla general, su régimen contractual y normativo original.
De los Santos explicó que la iniciativa deberá agotar el estudio en comisión y la discusión en el hemiciclo. Manifestó su expectativa de que pueda ser aprobada por el Senado y remitida posteriormente a la Cámara de Diputados.
