movil.jpg)
 970x90.jpg)
El Ministerio Público presentará el próximo 20 de noviembre de 2026 la acusación correspondiente a la Operación Guepardo, un proceso judicial contra una presunta estructura criminal investigada por fraude inmobiliario, estafa electrónica y lavado de activos, que habría afectado a más de 426 víctimas nacionales y extranjeras.
La lectura de la acusación se realizará ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, luego de que el tribunal aplazara la audiencia para garantizar la notificación de nuevas querellas presentadas después del depósito del expediente acusatorio.
La jueza Denia Beras de Mota, a cargo del proceso, estableció el 16 de noviembre de 2026 como fecha límite para recibir nuevas querellas de las personas afectadas que deseen participar formalmente en el procedimiento.
Asimismo, fijó para el 20 de noviembre el inicio de la lectura de la acusación y el conocimiento de los incidentes procesales correspondientes.
Operación Guepardo: próximas audiencias
Durante la audiencia, la magistrada Beras de Mota explicó que las víctimas que todavía no se han querellado pueden ejercer sus derechos conforme a la legislación vigente.
El tribunal dispuso que quienes deseen constituirse en querellantes y actores civiles presenten sus solicitudes antes del 16 de noviembre, con el propósito de organizar el procedimiento y facilitar la notificación de las nuevas acciones.
La decisión busca garantizar la participación de los afectados sin vulnerar sus derechos procesales durante la continuación de la audiencia preliminar.
El aplazamiento también permitirá completar las notificaciones correspondientes antes de que el tribunal retome el conocimiento de la acusación.
Operación Guepardo: investigación
El proceso judicial tiene su origen en una investigación desarrollada durante 2025, mediante la cual el Ministerio Público identificó una presunta estructura dedicada al fraude inmobiliario, la estafa electrónica y el lavado de activos.
Según el órgano acusador, las actividades investigadas habrían afectado a más de 426 personas, entre ciudadanos dominicanos y extranjeros.
El expediente presentado por la Fiscalía está sustentado en más de 1,660 elementos de prueba, recopilados durante las investigaciones.
Estos elementos forman parte de la acusación formulada contra los integrantes de la presunta organización, cuya responsabilidad penal deberá ser determinada por los tribunales.
Ministerio Público presenta pruebas
En representación del Ministerio Público comparecieron los fiscales Claudio Cordero y Pedro Medina Quezada, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
También participó Mayerling Rondón, en representación de la Fiscalía de La Romana.
El equipo de litigación intervino durante la audiencia en la que se discutieron aspectos relacionados con la incorporación de nuevas querellas y la continuidad del proceso.
De acuerdo con el Ministerio Público, la acusación incluye los elementos recopilados durante la investigación de la presunta estructura criminal.
Operación Guepardo: víctimas
Uno de los aspectos centrales de la decisión judicial es garantizar que las personas que alegan haber resultado afectadas puedan participar en el proceso.
La jueza Beras de Mota recordó que las víctimas tienen derecho a constituirse en querellantes y actores civiles, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Por esta razón, el tribunal estableció un plazo para recibir las nuevas querellas antes de continuar con la audiencia preliminar.
El Ministerio Público reiteró que procurará garantizar el debido proceso y la protección de los derechos de los afectados, así como presentar las pruebas reunidas durante la investigación.
Fechas del proceso judicial
El calendario establecido por el tribunal contempla dos fechas principales:
16 de noviembre de 2026: fecha límite fijada para la recepción de nuevas querellas de las víctimas.
20 de noviembre de 2026: inicio de la lectura de la acusación del Ministerio Público y conocimiento de los incidentes procesales correspondientes.
Con estas disposiciones, el tribunal busca organizar la participación de los afectados y dar continuidad al proceso judicial derivado de la Operación Guepardo.
Los imputados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento y hasta que exista una decisión judicial definitiva.
